Recién pasó la celebración del “día de muertos” y el ambiente que se respira en las calles corresponde, desde ya, a las fiestas de fin de año. Con aparadores que se llenan de nieve artificial, esferas y renos, se corre ya el riesgo de que, en cualquier momento, comiencen a sonar villancicos (los mismos de todos los años) en todos los locales y plazas comerciales del país.
Aún más importante, pero en la mismo lógica de cerrar el 2025 y comenzar el 2026, la semana pasada se aprobó, por la Cámara de Diputados, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2026.
En este sentido, es importante señalar que, independientemente de que sea el Poder Ejecutivo -la Presidencia de la República- quien realiza los Criterios Económicos para la formulación de las estimaciones de ingresos y las propuestas de gasto, es a la Cámara de Diputados quien le corresponde, en exclusiva, la elaboración y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Dicho lo anterior, no está de más preguntar: ¿a usted, o a alguien que conozca, se le acercó su actual Diputada o Diputado Federal para tratar de conocer sus necesidades y que éstas se pudieran reflejar en los gastos que élla o él le está autorizando a hacer al Gobierno de la República? Dado el interés que su Diputada o Diputado Federal tuvo en su opinión, de cara a la aprobación del Presupuesto 2026, ¿volvería usted a votar por ella, el o su instituto político?
El PEF 2026 aprobado asciende a 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos, aunque en su composición el proyecto que originalmente presentó la SHCP sufrió ajustes equivalentes a cerca de 17 mil millones de pesos. De manera que ya no sorprende, el Poder Judicial -pese a ser el que surge de las polémicas elecciones de este año- fue quien acabó pagando buena parte de los platos rotos, pues perdió 15 mil 805 millones de pesos (equivalentes al 92.97% del ajuste total). Por su parte, la inversión pública aumenta, pero sigue sin alcanzar el 5% del PIB que el país requiere y, de manera temeraria, el 25% se va para el muy cuestionable y estatizado sector energético nacional.
Sin ánimo de querer jugar a ser ni pitonisa ni ave de mal agüero, es importante tener presente el impacto de la certeza jurídica como de los efectos multiplicadores de la inversión pública en el crecimiento económico.
En el caso específico de Puebla, el estado recibirá 1.5% más recursos a lo largo de 2026, en términos reales, que en 2025 para una base recursos federales de 119 mil 701 millones de pesos de gasto federalizado, se incrementará en 5 mil 745 millones de pesos respecto a 2025. Dicho monto podría llegar a incrementarse, una vez que se definan los criterios de distribución geográfica de gastos en infraestructura educativa y seguridad pública.
