Todas y todos quienes hemos ocupado cargos públicos o políticos, estamos sujetos a vernos envueltos en algún tipo de escándalo. Sin embargo, la manera de responder en esos momentos de crisis dice mucho sobre la materia prima de la que está hecha la o el político o funcionario involucrado y su grupo.
A mí me tocó vivirlo y, en su momento, tomé la decisión de separarme de mi cargo, alejarme de la vida pública y defenderme como cualquier ciudadano, tanto para evitar la más mínima sospecha de tráfico de influencias o similar como para que, una vez que cesara la cacería mediática, pudiera retomar mi actividad profesional y hoy vivo con la tranquilidad de no cargar con ningún acuerdo inconfesable y tampoco tener ningún tipo de antecedentes penales o cosa parecida.
Sin embargo, el “manual en caso de crisis” de la 4T es diametralmente distinto. Tradicionalmente, y lo mismo Ignacio Ovalle por SEGALMEX; Francisco Garduño por el incendio del Centro de Migrantes de Ciudad Juárez; o Rubén Rocha Moya, el gobernador actualmente con licencia de Sinaloa, por sus vínculos más que sospechosos con los cárteles del narcotráfico, la constante oficialista ha sido aferrarse al “hueso” y operar, desde el gobierno y utilizando recursos públicos, para sortear la tormenta hasta que un nuevo escándalo capture los titulares y la atención ciudadana o, en su defecto, para lograr un enroque que les permita seguir en el gobierno pero en otro puesto.
No es una estrategia que me guste, pero es fácil entender su lógica y -aunque mezquinos- beneficios. Sin embargo, cuando un escándalo escala más allá de lo nacional y pone en entredicho la relación entre el país y los Estados Unidos -principal socio comercial, único motor económico con el que se cuenta, la potencia militar más fuerte del orbe y que están gobernados por Donald Trump quien, lo mismo en Gaza, que en Venezuela o Irán, ha dado muestras claras de que la diplomacia no le impide emprender acciones coercitivas de manera unilateral-, es momento de ponerle números a lo que nos estamos jugando y preguntar ¿cuánto vale políticamente defender a Rubén Rocha Moya evitando su extradición y cuánto le cuesta al país que se quede en México?
Por la manera en la que desde su sexenio lo ha defendido, para el expresidente López Obrador y sus huestes… ¡muchísimo! De entrada, para ellos debe valer más que los $514,385 millones de MXP que alcanzó el PIB de Sinaloa en 2024, pero es quedarnos cortos. Dadas las repercusiones que evitar la extradición de Rocha Moya pueden generar y la inminencia de la revisión/renegociación del Tratado de Libre Comercio con los EE.UU -que es el único motor económico con el que cuenta el país para no dejar de crecer lo poco que lo hace-, entonces el valor del gobernador con licencia sinaloense, de 76 años, supera para el lopezobradorismo los $872,800 millones USD, que fue el valor de la relación comercial EE.UU.-México en 2025 y, de los cuales, $534,900 millones de USD correspondieron a las exportaciones mexicanas al país de las barras y las estrellas.
Así como en los deportes de conjunto ningún jugador puede ser más importante que el grupo, ni Rocha Moya ni nadie puede valer más que la viabilidad económica de Sinaloa, con 3 millones de habitantes, y mucho menos que la del país, con los 133 millones de mexicanas y mexicanos que aquí vivimos.
Mi equipo es México y no lo quiero sacrificar evitando la extradición de un político impresentable… ¿o en qué equipo juega Rocha Moya?
