Con el propósito de actualizar el andamiaje institucional del organismo encargado del agua en la zona metropolitana, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso del Estado aprobó el proyecto de dictamen para reformar el decreto de creación del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP). Los cambios apuntan a otorgar mayor certeza jurídica a las sesiones de su consejo, obligar a los mandos medios a firmar la viabilidad de los proyectos y adecuar los textos normativos a un lenguaje incluyente.
La reforma aprobada en comisiones establece un mecanismo claro de sustitución en la cúpula del organismo, determinando que, ante la ausencia de la persona que presida el Consejo, la suplencia recaerá de forma directa en el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado. Esta modificación busca evitar lagunas legales y garantizar la validez jurídica de los acuerdos tomados en las sesiones ordinarias y extraordinarias del órgano colegiado.
El dictamen final fue elaborado bajo el principio de concentración legislativa, fusionando las iniciativas individuales que por separado habían presentado las diputadas Laura Guadalupe Vargas Vargas y Susana del Carmen Riestra Piña, en conjunto con la propuesta del presidente de la Junta de Gobierno, Pável Gaspar Ramírez.
Candados administrativos y responsabilidad técnica
Uno de los puntos medulares de la reforma impacta la operación interna y los criterios de transparencia del sistema operador. A partir de la entrada en vigor de estas adiciones, todos los asuntos y proyectos que requieran la autorización del Consejo deberán contar obligatoriamente con un respaldo multidisciplinario.
Esto significa que los expedientes no solo llevarán el visto bueno de la Dirección General, sino que deberán estar avalados de puño y letra por las y los titulares de las direcciones de área, gerencias y unidades administrativas competentes.
Con este candado, los funcionarios de nivel medio y superior se harán responsables directos del contenido técnico, administrativo, legal y financiero de los documentos, reduciendo el margen de discrecionalidad en la gestión hídrica.
