La tercera entrega sobre la reforma electoral, curiosamente, ocurre a dos días de realizada la jornada electoral del pasado domingo, en la que estuvieron de por medio seis gubernaturas estatales. El punto es que dicho evento ofrece diversos elementos para calar en un tema de singular relevancia: la autoridad electoral, léase: el INE.
La propuesta de la 4T a propósito del modelo de arbitraje electoral, en diversos sentidos y por diversas razones, apunta a un cambio radical: la eliminación de los organismos locales, llamados por sus siglas OPLE Organismos Públicos Locales Electorales , que colocarían al INE como autoridad electoral única para organizar los procesos electorales federales y los locales, así como las consultas populares, por un lado; y, por el otro, la designación de los consejeros electorales por la vía del sufragio directo, a propuesta de los candidatos por parte de los poderes federales.
De la propuesta de eliminación de los organismos electorales, salvo necedades de los promotores de la partidocracia, aquí incluido Lorenzo Córdova, hay muy poco razonable que decir en sentido contrario.
Técnicamente hablando, los OPLE tienen muy poco que aportar a la organización comicial y, por el contrario, representan todo un reto de coordinación con sus pares del INE. Por si fuese poco, carecen de autonomía funcional, pues dependen de los instrumentos básicos que el INE provee para los comicios locales: el Padrón Electoral, las Listas Nominales y la Credencial para Votar.
Financieramente, en tratándose de un país con pobreza y pobreza extrema desbordantes, los OPLE son punto menos que un lastre oneroso.
Ciertamente, sobre todo entre los creyentes de la falacia de Pacto Federal, no faltarán quienes se batan en defensa de la preservación de los OPLE. Y, sin embargo, difícilmente encontrarán algo sustancialmente distinto a que los beneficiarios de sus servicios son las élites locales, intentando maximizar sus cuotas de participación en los órganos de representación.
Frente al escenario del avance espectacular de la 4T, que con las elecciones del pasado domingo alcanzó la cifra de 21 gubernaturas locales, la pregunta relevante es. ¿por qué la insistencia de la 4T en cambiar el sistema electoral vigente, particularmente, la supresión de los OPLE y la integración del Consejo General, en un escenario de crecimiento espectacular y sin precedentes de su fuerza electoral?
Respuesta plausible: porque la lógica estratégica de AMLO y su 4T apunta a mucho más que el éxito electoral. Y aquí es apenas donde el debate comienza.
En su diseño actual, el INE está para administrar comicios electorales entre partidos políticos que compiten entre sí para incrementar el número de cargos políticos a su disposición y que cooperan entre todos para preservar el tamaño del gran pastel denominado financiamiento público.
No faltará quien se llame a sorpresa por la afirmación anterior, pero si bien se mira la historia de los últimos 30años describe media docena de reformas electorales que introdujeron reformas en casi todo, pero preservaron inmaculada la jugosa bolsa del financiamiento para los partidos políticos.
Una de las claves que fortalecieron el esquema de colaboración entre sí de los partidos para otorgarse bolsas millonarias de dinero público en contra de la voluntad popular y de competencia para simular competencias y alternancias ha estribado en la colonización compartida del INE.
La fórmula de colaborar y cooperar en las tres últimas décadas, así, pudo preservarse a través de la regla de integración del Consejo General por cuotas partidistas, que les proveyó de un esquema de control equilibrado del INE, en el que ninguno de los partidos políticos podía por sí mismo imponer sus intereses a los demás.
Al hecho de que ningún partido tuviese el control completo dl Consejo General, se le ha dado en denominar como autonomía funcional. Más consistente con los hechos es sostener que en la historia reciente ningún partido ha logrado por sí mismo hacerse del control del INE, pero que, entre todos, como constelación partidocrática, han sido capaces de hacer prevalecer su interés de maximizar las bolsas de dinero público para financiarse por sobre el interés de la ciudadanía de contar con mecanismos de producción de representación política legítimamente democrática.
Que el actual INE haya optado en la historia reciente por polarizarse en contra de AMLO y la 4T apenas y llama a sorpresa. En su código genético, de estirpe plutocrática, está privilegiar a los partidos políticos y a los intereses a los que éstos sirven.
El sistema de partidos al que tan bien ha servido el INE está en vías de extinción, de tal suerte que su razón histórica y sentido de existencia se agotaron. Por paradójico que parezca, el verdugo de la ecuación INE-partidos, la 4T, dista mucho de ser un partido y se asemeja a un movimiento.
En suma, si como todo hace suponer, la 4T tiene razón en su diagnóstico de la crisis de la representación política y el de la voz tiene razón en su pronóstico de la extinción del sistema de partidos, la conclusión es obvia: la reingeniería del INE y del sistema electoral se erigen como un imperativo inaplazable.
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