La acusación sostiene que el dinero habría sido triangulado a través de proveedores del Gobierno hasta llegar al despacho Jurídica y Fiscal Abogados S.C., donde presuntamente participa el padre del gobernador, Samuel Orlando García Mascorro. Posteriormente, parte de esos recursos habrían sido transferidos a otras compañías, incluida Saga Tierras y Bienes Inmuebles, con movimientos hacia el extranjero, entre ellos Estados Unidos.

Alcocer afirmó que la denuncia busca esclarecer el presunto esquema de triangulación de pagos realizado por el gobernador. Según la dirigente, las operaciones involucran recursos públicos que terminaron en empresas privadas con vínculos familiares.

Cuestionada sobre el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró en su conferencia matutina que, si existen elementos, las autoridades deben investigar. “Si se tiene que investigar, pues que se investigue”, expresó la mandataria federal, dejando en manos de la FGR la responsabilidad de dar seguimiento al proceso.

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Las acusaciones señalan que en 2012 Duarte habría desviado recursos federales destinados a programas sociales para niñas, niños y adultos mayores. De los 10 millones de pesos originalmente asignados, solo 5 millones fueron aplicados al programa, mientras que el resto se transfirió al gobierno estatal en lugar de regresar a la Tesorería de la Federación.

Con esta resolución, Duarte deberá permanecer en prisión preventiva justificada y se otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria. Esto significa que su posible liberación anticipada en abril de 2026, tras cumplir el 95 % de una sentencia previa de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero, se ve comprometida.

La audiencia de imputación se había pospuesto en tres ocasiones debido a la ausencia de su defensa legal. En la última diligencia, Duarte solicitó un nuevo aplazamiento argumentando problemas de salud de sus abogados. Sin embargo, la FGR señaló que se trataba de una estrategia dilatoria, por lo que el juez fijó el 12 de febrero como fecha definitiva para la audiencia. Finalmente, este martes se determinó la vinculación a proceso.

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Con esta acción, ya son tres los excolaboradores de Genaro García Luna —exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón— detenidos por presunto desvío de recursos del sistema penitenciario federal hacia empresas vinculadas con el exfuncionario, actualmente preso en Estados Unidos.

De acuerdo con la FGR, entre diciembre de 2008 y agosto de 2013, Gómez García habría participado en la suscripción ilícita de contratos de servicios para penales federales. Estos convenios presuntamente beneficiaron a compañías relacionadas con García Luna.

La primera detención ocurrió el 17 de diciembre de 2025, cuando fue capturada en la Ciudad de México María Vanesa Pedraza Madrid, exasesora de García Luna. Se le imputan delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Actualmente permanece en el penal federal femenil de Morelos bajo prisión preventiva.

Las investigaciones señalan que Pedraza habría utilizado la empresa Nunvav, Inc. para fondear recursos en el sistema financiero, presuntamente provenientes de actividades ilícitas.

El segundo detenido fue Jesús Alberto Caballero Tardaguila, capturado el 26 de diciembre de 2025 en Cuernavaca, Morelos. Se le acusa de lavado de dinero, delincuencia organizada y peculado. Fue trasladado al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, Estado de México (El Altiplano).

Entre 2013 y 2015, Caballero habría simulado contratos de adquisición de servicios para desviar recursos del sistema penitenciario federal hacia empresas controladas por García Luna.

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, fue condenado en Estados Unidos a 38 años de prisión por sus vínculos con el narcotráfico. En relación con este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que es necesario seguir hablando de personajes políticos que, afirmó, dejaron secuelas en el país.

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La autorización fue posible gracias al gobierno de Guatemala, que aplicó la “regla de especialidad” y permitió a México formular cargos adicionales por corrupción, lo que complica la posible liberación anticipada de Duarte en 2026.

Presuntamente la FGR pretende presentar una imputación formal y solicitar la apertura de juicio penal contra Duarte por el manejo indebido de más de cinco millones de pesos de un fondo específico para salud. El caso fue seleccionado por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), encabezada por María de la Luz Mijangos, dentro de más de 100 carpetas de investigación abiertas por denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La comparecencia, originalmente programada para el 27 de noviembre, fue diferida por la defensa del exmandatario, alegando problemas de salud. Ahora, la FGR busca sentarlo nuevamente ante el juez antes de que concluya este 2025. Si la imputación prospera, la Fiscalía podría solicitar medidas cautelares como la prisión preventiva justificada.

En noviembre, la jueza federal Ángela Zamorano Herrera negó la libertad anticipada solicitada por Duarte, al determinar que no cumplía con los requisitos legales, entre ellos la ausencia de otros procesos activos. Durante esa audiencia, la FGR presentó testimonios sobre estrategias utilizadas por el exgobernador para retrasar la acción de la justicia, incluyendo dilaciones procesales y simulaciones de enfermedades.

La administración de Duarte está señalada por un presunto desfalco de más de 62 mil millones de pesos en fondos federales, considerado uno de los casos más grandes de corrupción en México. Las investigaciones apuntan al uso de al menos 400 empresas fantasma para desviar recursos públicos. Un testimonio clave es el de Antonio Tarek Abdalá Saad, extesorero estatal, quien declaró que los fondos se canalizaban a través de estas empresas y se usaban para gastos personales y entregas directas al entonces gobernador.

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Las acciones penales en su contra, asegura, «ahora por asuntos fiscales por los que ya tenía acuerdos conclusivos con el SAT y PRODECON«.

Gómez Mont y su esposo están acusados de presuntamente recibir dinero de dos contratos públicos que acumulan una cantidad de 3 mil millones de pesos y estar relacionada con el narcotráfico.

«Estos abusos se suman a los reportados ayer y hoy miércoles por la mañana en la prensa, que revelan la persecución de mala fe de la que mi esposo y yo somos objeto«, denunció.

Gómez Mont destacó que hay tres «puntos» que han sido reportados en la prensa.

El primero, dijo, «que el Procurador Fiscal, el señor Carlos Romero Aranda, inició un procedimiento penal en nuestra contra, aún y cuando no tenía facultades legales para hacerlo. No estaba autorizado legalmente. De ese tamaño su sed de persecución en nuestra contra«.

El segundo, que el 10 de septiembre de 2021, «autoridades (desconozco cuáles) le mintieron a la prensa y al público diciendo que existía una orden de aprehensión en nuestra contra. Simplemente no había tal orden en esa fecha«, pero afirmó que las autoridades están más interesadas en que ella y su marido sean juzgados por la «opinión pública«.

En el tercer punto que denunció, Inés Gómez Mont aseguró que el Juez Zeferín Hernández, «quien era consciente de la calumnia, días después se convirtió en su cómplice y emitió la pretendida orden de aprehensión. Es lamentable pues pudo habernos dado oportunidad de acudir en libertad para desmentir cualquier imputación. Esa oportunidad ya no existe: El juez ordenó encarcelarnos a una prisión de máxima seguridad«.

«Aunque tengo mucho temor de que estos abusos continúen, tengo fe en que la verdad seguirá saliendo a la luz y nuestra inocencia quedará demostrada«, afirmó la conductora.

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«Sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista«, afirma Gómez Mont.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la conductora indicó que bajo ningún concepto pertenece al crimen organizado.

Asimismo, dijo que ha guardado silencio para concentrarse en su defensa, además de asegurar ser inocente al no haber cometido algún delito.

«Sé quién soy. Por mí y por mis hijos, demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio. Repito: soy inocente y esto es una injusticia«, expresó.

Investigaciones apuntan a que Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, estarían implicados en el desvío de 3 mil millones de pesos a través de empresas factureras bajo el control de Álvarez Puga.

El desvío millonario se realizó bajo la adquisición de contratos para equipar diversos penales federales.

Se presume que Gómez Mont y  Álvarez Puga se encuentran en Estados Unidos en un intento por evadir la prisión preventiva que se les impondría en caso de ser detenidos.

De ser encontrada culpable, Gómez Mont podría enfrentar una pena de, por lo menos, 20 años de prisión.

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En esta sesión se continúa con el desahogo de los datos de prueba que se presentarán a la etapa de juicio oral y se analizan los datos de prueba de la Auditoría Superior de la Federación -que participa como cuadyuvante- y los de la defensa de la exfuncionaria, que son 53.

Ayer el abogado de Robles, Epigmenio Mendieta, informó que se debatieron más de 200 datos de prueba contra su clienta ofrecidos al juez por la Fiscalía General de la República (FGR), los cuales fueron aceptados por el juez para la etapa del juicio.

«Y posteriormente nos haremos cargo del ofrecimiento y el debate correspondiente de los ofrecidos por esta defensa, de tal manera que tendremos una sesión nuevamente, me imagino que será nuevamente larga en virtud de que se trata de muchas pruebas pendientes tanto del debate como aceptación«, indicó.

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Tanto la Fiscalía, que representa al gobierno mexicano, como los abogados de Duarte, detenido desde julio de 2020 en Miami, presentaron esta semana a la jueza Lauren Fleischer Louis sendos documentos con los argumentos del caso.

Los abogados del exgobernador priista pidieron a la jueza «desestimar» la certificación para su extradición aludiendo que hay una «falsa equivalencia» en el cargo de «peculado«.

Detallaron que el delito mexicano de «peculado» no es equivalente al de «malversación de fondos» en Estados Unidos y por tanto «no puede satisfacer el requisito de doble incriminación«.

El peculado «carece de un elemento de intención«, agregaron.

Subrayaron que no se ha demostrado que «la conducta involucrada sea delictiva en ambos países«.

Por su parte, la Fiscalía, respondió en un documento posterior, publicado este viernes, que «los cargos cumplen el requisito de doble incriminación del tratado» y que «sí hay causa probable de los dos delitos de Duarte«.

La defensa del exgobernador además señaló que la vida del político «estará en peligro» si es extraditado.

El exmandatario estatal, que enfrenta cargos de «peculado y asociación para delinquir«, ha alegado «persecución política» de su sucesor, Javier Corral Jurado.

«Corral no solo ha acusado falsamente al Sr Duarte de ser un informante contra los cárteles de la droga en su permanencia en Estados Unidos, sino su asesor político principal también admitió que el Sr Duarte sería asesinado al ser encarcelado en México«, señala el documento de la defensa.

La Fiscalía señaló que «Duarte no puede satisfacer la excepción por delito político, y la ‘regla de no indagación’ impide que este tribunal considere los alegatos de Duarte sobre persecución política y amenazas en México«.

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El funcionario estatal recordó, asimismo, que hay otros bienes adquiridos de forma irregular por el exmandatario chihuahuense en otras entidades e incluso en Estados Unidos.

César Duarte tendría un cuadro que pertenecía ¿a Juan Gabriel?

Peniche, citado por el diario Excélsior detalló que solo en Chihuahua, Duarte Jáquez acumulo 54 propiedades que suman un valor de 500 millones de pesos, 33 de ellos se encuentran en Balleza, ocho en Parral, seis en Matamoros, cuatro en Camargo, uno en la ciudad de Chihuahua, en La Cruz y en Aldama.

Por ello, el trabajo de la Fiscalía estatal se centra en demostrar la ilegal adquisición de dichos inmuebles con recursos públicos desviados.

Esta semana, te reportamos que, gracias a su contratista y testaferro de confianza, Duarte consiguió sacar de México millones de pesos, con los cuales adquirió varias propiedades en la Unión Americana con un mecanismo que dificultaba su detección.

Por su parte, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, afirmó que el combate a la red de corrupción de Duarte ha sido de una larga duración.

“Ha sido una dura batalla, porque no se trata solo de castigar a los responsables, sino de recuperar lo que le robaron al pueblo de Chihuahua”, expresó.

Corral consideró que los recursos incautados al exmandatario deben convertirse en “servicios, obras, canchas deportivas, parques, escuelas, clínicas, el producto del latrocinio y estamos colocándoles a cada una de esas obras, una leyenda de: Obra realizada con dinero recuperado de la Operación Justicia para Chihuahua”.

Duarte Jáquez fue detenido en Miami, Florida, Estados Unidos, el pasado 8 de julio en cumplimiento de una orden de aprehensión con fines de extradición por peculado y asociación delictuosa.

Actualmente Duarte intenta detener el proceso de extradición, al tramitar un amparo, ante el juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal de la Ciudad de México, donde también reclamó la orden de aprehensión con fines de extradición librada en su contra.

Sin embargo, aun no se decide si el recuso se admite a trámite.

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Asimismo, por haber sido omisa cuando estuvo al frente de ambas dependencias de operaciones dudosas que llevaron a cabo sus subordinados.

Lo anterior, durante la audiencia inicial de este jueves en el Reclusorio Sur, donde se decretó un segundo receso, por lo que se reanudará aproximadamente a las 17 horas.

El 25 de julio pasado, la Fiscalía solicitó a un juez de control en turno de Justicia Penal Federal radicado en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, vincular a proceso a Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

El delito por el que se vincularía a Robles Berlanga está previsto en el artículo 214 del Código Penal Federal, y hace referencia a que teniendo conocimiento de su cargo haya afectado los intereses o el patrimonio federal o de la capital del país.

En este caso, aplicaría por afectación al patrimonio federal cuando Robles Berlanga fue titular de la Sedesol (ahora Secretaría de Bienestar), específicamente relacionado con el programa Cruzada Nacional contra el Hambre.

Desde el 30 de julio pasado, Robles Berlanga se dijo objeto de un “linchamiento mediático” que, aseguró, pone en riesgo su integridad, su derecho a la honra y el debido proceso.

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