El rescate se llevó a cabo en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal Preventiva. Las personas liberadas, todas mayores de edad, fueron trasladadas para revisión médica y posteriormente presentadas ante las autoridades competentes.

Dentro del inmueble se decomisó un arma larga tipo AR-15, un rifle de postas, ocho cargadores y 90 cartuchos. También se halló un inhibidor de señales con 12 antenas, dos chalecos tácticos con placas balísticas, 18 teléfonos celulares, 21 cigarros de presunta marihuana, 23 dólares americanos, un vehículo Hyundai Tucson con reporte de robo y 12 ponchallantas.

El operativo ocurre en un estado marcado por altos índices de violencia. Un año después de la crisis registrada en Culiacán por pugnas internas del Cártel de Sinaloa, las cifras oficiales reportan 1,828 homicidios dolosos y 2,390 desapariciones, reflejando la complejidad de la situación de seguridad en la región.

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Durante el despliegue, los agresores volvieron a enfrentarse con las autoridades, lo que derivó en la muerte de cinco presuntos criminales. En el lugar se aseguró armamento de uso exclusivo del Ejército y el vehículo involucrado en el ataque. Un agente resultó herido, pero se reporta fuera de peligro.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, expresó que se actuó con firmeza para proteger a la ciudadanía y garantizar la integridad de los elementos de seguridad. Las autoridades continúan con labores de patrullaje y vigilancia en la zona.

El operativo forma parte de una estrategia conjunta entre fuerzas estatales y federales para contener la violencia en Sinaloa y dar seguimiento a los hechos delictivos que afectan a la región.

El ataque inicial ocurrió en un punto de patrullaje en Culiacán, donde los elementos estatales fueron emboscados. La agresión dejó un saldo trágico y activó protocolos de emergencia para reforzar la seguridad en el área.

La respuesta inmediata permitió ubicar a los presuntos responsables, quienes al verse rodeados abrieron fuego contra los agentes. El enfrentamiento culminó con la neutralización de cinco agresores y el aseguramiento de armas de alto calibre.

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Asesinato de Nabor Guillén en Tixtla

El cuerpo del subsecretario quedó tendido cerca de la carretera, a pocos metros de un módulo de la Policía Municipal. La Fiscalía General del Estado confirmó el crimen y ya inició una investigación para dar con los responsables.

Guillén retomó su cargo como subsecretario en febrero de este año, tras participar como candidato de Morena a la diputación local por el distrito 24. Previamente, fue alcalde de Tixtla entre 2015 y 2018.

Trayectoria y vínculos políticos

Nabor Guillén fue nombrado desde el inicio del gobierno de Evelyn Salgado Pineda. En 2024 solicitó licencia para competir en las elecciones, aunque no resultó electo.

En mayo del mismo año, apareció en un video junto a Celso Ortega Jiménez, presunto líder del grupo criminal Los Ardillos. A pesar de la controversia, no fue investigado formalmente y volvió al gabinete estatal meses después.

Ataque con ponchallantas en Culiacán

En Sinaloa, el secretario Alejandro Bravo Martínez fue blanco de un ataque mientras encabezaba un operativo de vigilancia. Al detectar a personas en actitud sospechosa, inició una persecución que terminó cuando los agresores arrojaron ponchallantas, dañando los neumáticos del vehículo blindado.

No se reportaron heridos ni disparos. Los responsables lograron huir del sitio, resultando únicamente en daños materiales. La camioneta fue remolcada del lugar, y la Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación.

Acciones de seguridad y contexto regional

Las autoridades de ambos estados confirmaron que los operativos de vigilancia continuarán como parte de su estrategia para reducir los índices delictivos. En Culiacán, estos recorridos se realizan en colonias con alta incidencia delictiva, mientras que en Guerrero el asesinato de Nabor Guillén se suma a una serie de ataques contra figuras públicas.

Durante la actual administración estatal en Guerrero, han sido asesinados cuatro alcaldes en funciones, un presidente municipal electo y siete exalcaldes, lo que refleja una situación crítica de violencia política.

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La defensa del exfuncionario dijo que “una sentencia mínima obligatoria de cinco años era suficiente” argumentando que una pena más larga crearía disparidades con sentencias aplicadas a “otros funcionarios corruptos”.

Durante el proceso que se le siguió en una corte de Chicago, previo a la sentencia, los fiscales de Illinois también sugirieron al juez dar 10 años a Reyes Arzate, quien solamente recibió tres por el cargo de obstrucción de la justicia.

Mark DeMarco, defensor del que es apodado La Reina, pidió que el tribunal considere los 40 meses que el acusado estuvo preso por el dictamen de Illinois insistiendo que dicha condena “es parte del presente delito y el Sr. Reyes ha estado encarcelado desde que se entregó en Chicago el 27 de marzo de 2017”.

El gobierno dijo estar de acuerdo con esta declaración, aunque señala que los 10 años sugeridos al juez se encuentran “muy por debajo del rango de las directrices”.

Iván Reyes Arzate era el oficial de más alto rango de la Unidad de Información Sensible de la Policía Federal y como tal el principal punto de contacto para el intercambio de información entre el personal policial estadunidense y mexicano.

Reyes Arzate escuchará su sentencia este miércoles en una corte de Brooklyn (Nueva York), la misma que lleva el caso de García Luna y que llevó el proceso judicial contra el exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.

Reyes Arzate, en octubre del año pasado, se declaró culpable de uno de los delitos que se le imputaban. En su acuerdo de culpabilidad, aceptaba ser el responsable de conspiración para la importación de 450 kilos de cocaína hacia Estados Unidos.

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En una de las vistas preliminares de este proceso que no comenzará hasta el 24 de octubre de 2022, el letrado César Castro dijo que en la mayoría de los «millones de páginas» de que consta su expediente «no existe ninguna conexión» con su cliente ni aparece siquiera mencionado su nombre, y calificó el expediente de «muy novelesco«.

«No hay pruebas de su conexión con el narcotráfico«, insistió, antes de solicitar acceso a los numerosos documentos confidenciales que obran en poder de la Fiscalía, una petición que ya ha formulado anteriormente.

El juez que lleva el caso, Breon Peace, dijo que se toma de plazo hasta el 3 de mayo próximo para otra sesión con las partes en la que se estudie el posible acceso de la defensa a esos documentos confidenciales, según el Acta de procedimiento de información clasificada, para lo cual necesita escuchar las recomendaciones de la fiscalía.

En cuanto a la petición previa de la fiscalía de que los miembros del jurado sean anónimos y gocen de protección especial por los riesgos de «intimidación» a los que podría someterlos el entorno de García Luna, el juez dijo que no es el momento de tomar esa decisión, que pospuso para más adelante.

El exfuncionario, que compareció hoy por primera vez desde la pandemia personalmente en la sala, apareció vestido con el mono caqui de los presos y una mascarilla en la boca, y se limitó a intercambiar comentarios en voz baja con su letrado.

García Luna dirigió entre 2001 y 2005 la extinta Agencia Federal de Investigación, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y entre 2006 y 2012 fue secretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón.

Según la Fiscalía, «el acusado utilizó sus cargos oficiales para ayudar al cartel de Sinaloa a cambio de sobornos multimillonarios» y agregó que tiene previsto llamar a testificar a «numerosos testigos» que han sido partícipes de la violencia ejercida por este cartel mexicano para «protegerse de rivales, luchar por su territorio y silenciar a aquellos que cooperaran con las fuerzas de seguridad«.

Estos testigos, según un documento escrito de la fiscalía, incriminarán a García Luna y asegurarán que recibió pagos para que este ayudara al grupo criminal.

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«El acusado tiene los recursos financieros para intimidar o incluso hacer daño al jurado”, subrayo el fiscal de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, Breon Peace, en un escrito dirigido al juez que preside el proceso.

Peace insiste al magistrado en que “al Gobierno (de EE.UU.) le preocupa que el acusado y sus conspiradores puedan emprender una campaña de acoso, intimidación y/o violencia contra los testigos y sus familias”.

En el texto, la Fiscalía asegura que estas medidas estarían destinadas a “proteger la integridad del juicio y la imparcialidad del jurado, con el objetivo de prevenir el acoso, la intimidación u otra interferencia con los miembros del jurado, así como mitigar cualquier temor en las mentes de los miembros del jurado”.

El fiscal de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York justifica estas medidas por la “excepcional gravedad de los cargos” así como por “los antecedentes del acusado de interferir en procesos judiciales”.

Si el juez acepta la petición no serán revelados ni los nombres de los miembros del jurado ni sus direcciones de vivienda y trabajo a ninguna de la partes.

Más allá de preservar su anonimato, los fiscales solicitan también que todos los miembros del jurado sean trasladados al juzgado y a sus residencias por alguaciles y que durante su estancia en los tribunales estén aislados del público.

El comienzo del juicio contra el exministro mexicano está previsto para el 24 de octubre del próximo año.

García Luna dirigió entre 2001 y 2005 la extinta Agencia Federal de Investigación, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y entre 2006 y 2012 fue Secretario de Seguridad Pública, durante el Gobierno de Felipe Calderón.

Según la Fiscalía, “el acusado utilizó sus cargos oficiales para ayudar al cartel de Sinaloa, un famoso cartel de la droga mexicano, a cambio de sobornos multimillonarios” y agregó que tiene previsto llamar a testificar a “numerosos testigos” que han sido partícipes de la violencia ejercida por este cartel mexicano para “protegerse de rivales, luchar por su territorio y silenciar a aquellos que cooperaran con las fuerzas de seguridad”.

Estos testigos, según el escrito, incriminarán a García Luna y asegurarán que recibió pagos para que este ayudara al grupo criminal.

Con información de EFE

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La duplicidad de fechas se debe a las dudas del juez de la causa, Brian Cogan, de que las partes tengan el tiempo suficiente para preparar el juicio, que acumula más de un millón de documentos y numerosa evidencia de grabaciones de audio.

Para curarse en salud, Cogan programó de una vez dos fechas tentativas, en caso de que en algún momento fuera necesario postergarlo por alguna razón.

La resolución se decidió en una audiencia celebrada este miércoles en la misma corte de Brooklyn, Nueva York, donde ya fue juzgado, sentenciado y condenado Joaquín El Chapo Guzmán.

Tanto fiscalía como defensa del que fuera el cerebro de la llamada “guerra contra el narco” que desplegó el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón habían propuesto otoño de 2022 como momento para iniciar el juicio. El cálculo del gobierno de Estados Unidos es que dure unas ocho semanas.

García Luna enfrenta ante la justicia de Estados Unidos una acusación por tres cargos de narcotráfico y uno más por falsedad de declaración.

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La onda expansiva provocó el derrumbamiento de al menos una casa y serios daños en otras que han obligado a las autoridades a desalojarlas temporalmente por miedo a que colapsen, según señaló la Defensa Civil de Natal, capital del estado de Río Grande do Norte.

La principal hipótesis es que el accidente se haya producido por culpa del estallido de una bombona de gas, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública regional.

La explosión tuvo lugar esta madrugada en el segundo piso de la casa y, según la Policía, entre las víctimas mortales hay una madre y una hija de 49 y 18 años, respectivamente.

Otras dos personas, un hombre y una mujer, fueron rescatados con vida entre los escombros por los servicios de emergencia.

Un equipo de peritos se encuentra en el local en busca de evidencias que confirmen la causa del accidente, al tiempo que evalúan el estado de los inmuebles de alrededor que han sido afectados por la fuerte onda expansiva.

El Gobierno de Río Grande do Norte manifestó en una nota su solidaridad con las familias de las víctimas y garantizó que está empleando «todo sus esfuerzos» para «minimizar el sufrimiento de las personas afectadas».

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Tan sólo en 2019 fueron decomisadas 8.423 armas, valoradas en conjunto en cerca de 23 millones de reales (unos 4,5 millones de dólares), según las estadísticas del Instituto de Seguridad Pública.

De las armas retiradas de los criminales el año pasado, el 45 % eran pistolas (3.784), el 34,2 % revólveres (2.878) y el 6,5 % fusiles (550). 

El número de fusiles decomisados en 2019, en un 11 % superior al de 2018, fue un récord y demostró que las bandas criminales que operan en Río de Janeiro están cada vez más interesadas en armas de guerra y de largo alcance.

Pese al aumento de los fusiles incautados, el número total de armas decomisadas en 2019 fue en un 6,5 % inferior al de 2016 (9.010), hasta ahora el mayor ya alcanzado.

«Hubo un aumento en la aprehensión de pistolas y fusiles, lo que puede demostrar un aumento en el poder de letalidad de los criminales y de las organizaciones criminales, ya que estas armas tienen capacidad para una mayor cantidad de disparos», explicó la directora del Instituto de Seguridad Pública, la comisaria Marcela Ortiz, citada en un comunicado de la entidad.

La comisaria explicó que el valor de 4,5 millones de dólares calculado para las armas aprehendidas en 2019 puede ser hasta cuatro veces mayor, ya que tuvo en cuenta su valor en el mercado formal y no en las calles.

La mayoría de las armas fue decomisada en operaciones contra las bandas de narcotraficantes y de milicianos (parapoliciales) que ejercen control en las diferentes favelas de Río de Janeiro y que frecuentemente se enfrenta entre sí en la disputa por territorios.

EL 73 % DEL ÁREA DE RÍO DE JANEIRO ES CONTROLADA POR CRIMINALES 

Según un estudio divulgado en octubre pasado por el Grupo de Estudios sobre Grupos Ilegales de la Universidad Federal Fluminense (UFF), el 73 % del área de la ciudad de Río de Janeiro, comprendida por 96 barrios en los que viven 3,8 millones de personas, es controlada por grupos criminales.

De acuerdo con el llamado «Mapa de los Grupos Armados de Río de Janeiro«, las milicias, integradas por expolicías y que nacieron hace unos veinte años para combatir a los narcos, ya dominan el 57,5 % del territorio urbano en la segunda mayor ciudad brasileña.

El dominio en otro 15,4 % del territorio se lo reparten las tres mayores organizaciones de narcotraficantes que operan en Río de Janeiro: el Comando Vermelho (Rojo), con el 11,4 %; el Tercer Comando (3,7 %) y la facción Amigos de los Amigos (0,3 %).

Según el estudio, un 25,2 % del área urbana en Río de Janeiro está en disputa entre las diferentes organizaciones criminales, lo que lo convierte en escenario constante de enfrentamientos armados, y sólo un 1,9 % está libre del dominio de grupos armados ilegales.

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«Al encontrarse realizando acciones táctico-operativas en el municipio de Calera, elementos de la Policía Estatal Preventiva fueron agredidos por sujetos armados, tres policías resultaron heridos y catorce agresores fueron abatidos«, indicó el organismo en un boletín.

Por instrucciones del secretario de Seguridad Pública, Arturo López Bazán, en dicho municipio se mantiene «un despliegue coordinado y se ha reforzado la presencia policial, patrullajes terrestres y aéreos«.

El enfrentamiento se registró cuando los policías se encontraban realizando acciones de seguridad.

Tres efectivos de seguridad resultaron lesionados, dos presentan lesiones por esquirlas y uno por impacto con arma de fuego. Todos se reportan con un estado de salud estable.

Según el relato de las autoridades, luego de que sus agentes se desplegaran para repeler el ataque en la comunidad de Nueva Alianza, perteneciente a Calera. Catorce presuntos sicarios perdieron la vida y uno más resultó herido y está recibiendo atención médica.

También se incautaron tres vehículos automotores, ocho armas de fuego tipo fusil -una contaba con aditamento de lanzagranadas– y 23 cargadores para arma de fuego, entre otros.

«La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas reitera que mantiene un compromiso irrestricto con la sociedad de mantener paz y seguridad en el territorio, por lo que no escatimará recurso alguno para restablecer el orden y la tranquilidad«, concluyó el boletín.

Zacatecas, disputado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste y el Cártel del Pacífico (de Sinaloa), ha registrado en los primeros nueve meses del año 648 homicidios dolosos y siete feminicidios.

Según el informe diario de seguridad de autoridades federales, este 12 de octubre hubo 77 asesinatos en todo el país. Mientras que el domingo 11 de octubre fue un día especialmente violento, con 114 casos.

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