De acuerdo con información publicada en el portal oficial del Alto Tribunal, el abogado guerrerense ya forma parte del personal de la Corte, con un sueldo neto mensual de 118,138.37 pesos, además de prestaciones como seguro de gastos médicos mayores, apoyo para anteojos, estímulo por el Día del Padre y seguro de separación individualizada.

Su salida del caso Ayotzinapa

En agosto pasado, Rosales anunció su salida del caso Ayotzinapa y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, con el argumento de que tomaba esta decisión por motivos personales y de salud.

En una carta con fecha del 19 de agosto, expresó que se retiraba de la primera línea de la lucha social “con la frente en alto”, asegurando que su compromiso con los pueblos indígenas y las causas sociales permanece firme, aunque desde otras trincheras.

De defensor social a funcionario judicial

En entrevista previa con el medio de comunicación El Universal, el abogado aseguró que aún no había una decisión concreta sobre integrarse al equipo del ministro Hugo Aguilar Ortiz. Aunque había mantenido diálogo con el ahora presidente de la Corte, señaló en su momento que no existía un nombramiento formal.

Sin embargo, un mes más tarde, su incorporación fue confirmada oficialmente y ya aparece en la estructura administrativa de la SCJN como funcionario en funciones.

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De acuerdo con fuentes consultadas, Rosales se integrará como colaborador del próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar. La información se refuerza con una fotografía publicada por Aguilar en X, donde se observa al abogado en una reunión con futuros ministros.

Deja también el Centro Tlachinollan

En una carta dirigida a organizaciones sociales, Rosales anunció que concluye su labor en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, donde participó durante 24 años. En su mensaje, expresó que se retira “con la frente en alto”, convencido de haber aportado a la lucha social desde la defensa de los pueblos indígenas y afromexicanos.

El abogado enfatizó que su salida de la primera línea no representa un abandono de sus convicciones, sino un cambio de trinchera desde donde continuará promoviendo los derechos humanos.

Continuará su labor desde nuevos espacios

Rosales, originario de una comunidad indígena de la Montaña de Guerrero, reafirmó su compromiso con las causas sociales. “Toda mi vida he caminado a contracorriente por senderos escarpados producto de la miseria y marginación”, escribió.

Aseguró que su compromiso con los derechos humanos y la justicia social permanece intacto, y que continuará trabajando “en el lugar que las circunstancias nos coloquen”.

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Dichos restos fueron encontrados en la Barranca de la Carnicería, en el municipio de Cocula, Guerrero, donde fue encontrado un hueso del normalista Christian Rodríguez Telumbre.

El abogado de los familiares de las víctimas, Vidulfo Rosales, informó sobre el envío de los restos a Innsbruck luego de sostener una reunión con el presidente Andrés López.

«Fueron enviados ya a Innsbruck 16 restos que ya fueron debidamente analizados, viajaron el día de ayer, ya está allá la delegación del gobierno mexicano que lleva la valija diplomática y se realizará el análisis, la diligencia el día de mañana, ya esperaremos unos días más para conocer los resultados«, señaló Vidulfo.

Omar Gómez Trejo, fiscal especial del caso Ayotzinapa, encabeza la comitiva que llevó los restos a Innsbruck, acompañado por el Equipo Argentino de Antropología Forense y representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Entre las principales detenciones del caso, destaca la de Luis Antonio Dorantes Macías, exencargado de la comisaría de la Policía Federal en Iguala en el momento de la masacre.

Respecto a la situación de Tomás Zerón, una de los que encabezaron la investigación y uno de los artífices de la llamada «verdad histórica«, agregó que el proceso ha quedado paralizado por la pandemia, pues en Israel, país donde se ubica el exfuncionario, las oficinas no están trabajando de manera normal.

Por último, Rosales puntualizó que los padres y madres de los normalistas reclamaron al gobierno federal la falta de avances de la investigación.

«Hubo un reclamo de que hay pocos avances, los padres reclamaron que hay avances limitados, sin embargo insiste el presidente que hay que sostener las reuniones«, señaló el abogado.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, destacó que en estas reuniones mensuales con los familiares «se da cuenta de cómo están avanzando cada uno de estas fases en el proceso, por supuesto quisiéramos tener mayores avances, pero creo que estamos avanzando de manera consistente«.

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#AHORA | Buen momento para pensar en una mudanza

Estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa vandalizan el Congreso de Guerrero pic.twitter.com/YN9CVtpg1f

— Síntesis Puebla (@sintesisweb) September 22, 2020

Desde temprana hora, los normalistas realizaron pintas, ingresaron a las instalaciones de la sede legislativa y les prendieron fuego.

Hasta el momento, no se ha producido un mayor pronunciamiento sobre estos actos delictivos.

Ayer por la tarde, padres normalistas desaparecidos y asesinados exigieron al Poder Judicial del estado de Guerrero la entrega de videos sobre la desaparición de sus hijos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre 2014.

El abogado de los padres, Vidulfo Rosales, aseguró que las cámaras de video del Palacio de Justicia grabaron la desaparición de los estudiantes y que media docena de ellos fueron desaparecidos.

“En el Palacio de Justicia, el 26 y 27 de septiembre, existían seis cámaras, esas cámaras captaron lo que estuvo sucediendo en esta parte”, afirmó Rosales.

Rosales recordó que las policías de Iguala, Cocula y Huitzuco actuaron “de manera criminal” al interceptar un autobús robado en el que se trasladaban 20 estudiantes que primeramente fueron detenidos por los agentes y posteriormente fueron desaparecidos.

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En entrevista al salir de la reunión que sostuvieron con el mandatario federal, Alejandro Encinas, subsecretario de la Secretaría de Gobernación y Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el abogado confió que para enero tengan una respuesta favorable a dicha solicitud.

«Los planteamientos que estamos haciendo es que haya consignaciones de las personas responsables. Hay varias líneas de investigación, elementos, como para poder consignar ya a varias personas responsables«, indicó.

En dicha petición, los familiares de los normalistas exigen que los policías federales involucrados en los hechos también sean consignados.

«En las líneas de investigación hay elementos como para poder consignar a varias personas, exfuncionarios públicos, un grupo de policías que participaron en la agresión del 26 y 27 de septiembre y (otro grupo) de funcionarios que hicieron mal la investigación«, comentó Rosales.

Asimismo, advirtió que si no habían resultados para el 9 de enero de 2020, “es evidente que la movilización va a tener que subir de tono”.

Por su parte, Alejandro Encinas informó que trabajan junto con la Fiscalía General de la República (FGR) para fortalecer las investigaciones y evitar que el poder Judicial libere a los implicados en el caso.

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