Para la diputada federal tlaxcalteca, Minerva Hernández Ramos, sólo basta con hacer un recorrido por algunos municipios y comunidades para darse cuenta de que a Tlaxcala ya le hace falta acceder a un esquema de deuda pública que le permita impulsar su desarrollo.
En rueda de prensa para dar detalle de una parte del trabajo que ha desarrollado desde la cámara baja del Congreso de la Unión, la legisladora panista dijo que a diferencia de otras entidades del país, a Tlaxcala le urge acceder a esquemas de financiamiento para promover rubros como el desarrollo de infraestructura.
Y es que anotó que si bien la entidad cuenta con una amplia red de carreteras que conectan no sólo a los 60 municipios sino a otros estados y regiones del país, en los municipios aún existen deficiencias que motivan la adquisición de deuda para mejorar sus condiciones sociales.
La legisladora lamentó que a partir de lo que ha sucedido en estados como Veracruz, Chihuahua o Coahuila, el concepto de deuda pública se ha satanizado entre las entidades que tienen poco endeudamiento o que, para el caso de Tlaxcala, no enfrentan un solo peso de deuda.
Además, aceptó que los estamentos que por concepto de la no adquisición de deuda se establecieron desde el gobierno del exgobernador José Antonio Álvarez Lima, requieren de una modernización para que en la entidad se pueda acceder a esquemas de empréstitos con la banca.
“Para estar acorde con el nuevo marco legal, sobre todo que varios ordenamientos jurídicos se tienen que armonizar de acuerdo a la nueva Ley de disciplina financiera”.
Minerva Hernández remarcó que para poder acceder a deuda pública, se deben establecer tanto los proyectos como los montos para impulsarlos, así como su viabilidad y las condiciones del mercado.
Por ello, agregó que Tlaxcala se está perdiendo una extraordinaria oportunidad de generar desarrollo a partir de su negativa para adquirir deuda pública.
Recientemente, el gobernador Marco Mena Rodríguez advirtió que para el ejercicio 2018 no habrá adquisición deuda pública, pero sí un gobierno austero con base en las modestas previsiones presupuestales para el siguiente ejercicio.
