A mi mente viene una conferencia del año 2016 impartida por José María Soberanes Diez, en el Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica de la Universidad Iberoamericana Puebla. En aquella ocasión, el evento se presentaba como un preámbulo de los cien años que nuestra Constitución Federal estaba por cumplir. Durante la cátedra, el Dr. Soberanes se encargó de desmenuzar la aparición de los distintos derechos sociales en México, plasmados precisamente en el ordenamiento jurídico supremo y fundante de los Estados Unidos Mexicanos, situación que en su momento fue un paradigma por la aparición de artículos como el tercero o vigesimoséptimo y todo aquello que englobaban respecto de la educación y la tierra.

Sin embargo, el elemento que desde entonces ha permanecido en mi memoria, es el comentario que expresó en el sentido de que estos derechos parecieran ser una utopía en nuestro país. Ejemplos de lo anterior son los siguientes: nuestra Constitución reconoce en su artículo primero que en territorio nacional todas las personas tendrán los mismos derechos, sin embargo, hemos sido testigos (o tal vez víctimas) de violaciones constantes a estos.

El artículo cuarto, enmarca una serie de derechos, como por ejemplo el acceso al agua potable para el consumo personal, a una vivienda digna y decorosa, así como también hace referencia a la igualdad del hombre y la mujer frente a la ley, sin embargo, el agua potable no llega a todos (no solo en comunidades lejanas, sino también en las urbes más “desarrolladas”), mucha gente debe pernoctar en las calles y en numerosos casos se ha documentado la violencia de la cual las mujeres son objeto al momento de solicitar se procure y posteriormente imparta justicia, así como también existen leyes en las cuales la mujer enfrenta distintas adversidades que la colocan en un plano de desigualdad, como el hecho de que antes de 2017, el Código Civil Federal les imponía el plazo de un año para contraer matrimonio después de un divorcio.

Uno más es el artículo decimoséptimo, el cual salvaguarda el derecho de acceso a la justicia por parte de la ciudadanía, sin embargo, a partir de datos que he mencionado en ocasiones anteriores, se observa que en México existe una impunidad cercana al 98 por ciento.

La ley no deja de ser una mera utopía en este país debido a varias razones, dentro de las cuales destacaría el desconocimiento que los ciudadanos (también diversas autoridades) tenemos en torno a la misma, situación que en muchos casos dificulta su aplicación, pero facilita su violación.

Lo anterior propicia que en la sociedad no termine de permear la denominada cultura de la legalidad, entendida en su acepción más básica como “el conjunto de creencias, valores, normas y acciones que promueven que la población crea en el Estado de derecho, lo defienda y no tolere la ilegalidad” (México Unido Contra la Delincuencia, s/f).

Aun cuando técnicamente la ley más importante de nuestro país es la Constitución, nueve de cada diez mexicanos la desconocen, así lo demostró la encuesta “Cultura de la Constitución de México” en el año 2017 con motivo del centenario de la misma, lo cual implica que los mexicanos ignoran las nociones jurídicas más básicas, es decir, la forma en la que se organiza el Gobierno, así como sus derechos y obligaciones, ya ni hablar de las 308 leyes federales vigentes, así como de los ordenamientos jurídicos de las 32 entidades federativas.

Si desconocemos las cuestiones jurídicas más básicas y prácticas por su utilidad en nuestra vida cotidiana dentro de un Estado de derecho ¿qué herramientas vamos a tener para exigir un mejor país? ¿Cómo disminuiremos las arbitrariedades que sufrimos día con día si no es mediante el accionamiento de los distintos mecanismos jurídicos? Es bastante complicado que podamos exigir algo que no conocemos.

Jfernandoesru22@live.com.mx

Twitter: @JUAFERESPINO

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