En videoconferencia el Observatorio Ciudadano Contra la Violencia de Género de Tlaxcala emitió su posicionamiento respecto a los eventos de violencia política que se han generado en la entidad y particularmente en torno a las personas que están vinculadas con el desarrollo de la actividad política en Tlaxcala.
Por lo que, la cofundadora del observatorio, Eréndira Jiménez Montiel, señaló de lamentable la actuación de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), en relación del mandato que recibió ese instituto por parte de la Sala Regional, ciudad de México, en cuanto a manifestarse sobre el desechamiento por las diputadas y diputados del Congreso Local en contra de sus homólogos.
Esto derivado a que la citada comisión anunció que admitió la denuncia, sin embargo, que se reserva su resolución bajo el argumento de las condiciones derivadas de las restricciones que se han impuesto por la pandemia de Covid-19.
“Si bien es cierto es que existe restricciones para el funcionamiento pleno de las instituciones públicas, también es cierto que muchas de estas están utilizando ya hay herramientas tecnológicas para poder atender de manera virtual sus responsabilidades más aquellas que tienen la atribución de poder detener y resolver sobre actos que vulneran derechos políticos que son parte de derechos humanos de las personas”, acotó.
Por lo que, Jiménez Montiel externó que a su sentir la comisión utilizó un refugio para poder evitar resolver y solo de manera mañosa cumplir sobre el mandato de la admisión del rechazo de la renuncia, lo que a todas luces es una auténtica burla del estado de derecho a la dignidad de quienes denuncian y a la inteligencia de las y los tlaxcaltecas.
“El asunto de la queja que se presentó por diputadas y diputados locales donde se ha argumentado que al ser desplazados diversas comisiones y cargos legislativos, existió violencia política por razón de género propiciada por sus homólogos es un caso que debe de ser perfectamente dilucidado con total transparencia en su manejo de procedimiento, y que desde luego en la resolución que se dicte, debe estar apegada a derecho de tal manera de que no haya duda de que si hubo o no violencia política por razón de género”.
Bajo este tenor, comentó que este asunto se merece la intervención del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para poder hacer la revisión y en su caso sancionar para quienes integran la citada comisión.
“Ayer mismo la presidenta de la Asociación Nacional de Consejeros y Consejeras Electorales se manifestó duramente en contra del ITE cuyas consejeras pertenecen a esta asociación, señalando textualmente tanto el ITE como otros órganos autónomos han estado sesionando y resolviendo de manera virtual y que cuando se invoca violencia política contra las mujeres es considerado un asunto urgente… sin duda que los integrantes del ITE lo saben ya que han sesionado en otras ocasiones durante esta pandemia para poder atender, por lo que considero no hay excusa de que no existan las condiciones para ello y mucho menos que se pone en riesgo la salud de sus integrantes ya que cuando se trata de violencia política contra las mujeres debe de ser atendido de manera urgente”.
Por lo que exhortó a los competentes para que dicho asunto se resuelva con absoluta transparencia y con plena legalidad, ya que de ellos depende el poder generar la confianza necesaria en las instituciones de la entidad.
Y que en caso de no haber, de no existir violencia política en razón de género los argumentos sean muy claros y contundentes, pero de haberla se impongan las sanciones conforme a la ley, para que la sentencia tenga efecto restituidos reales.
