De acuerdo con proyecciones del Consejo Nacional de Población, para el año 2020 México contará con nueve millones setecientos sesenta y tres mil quinientos cincuenta y ocho habitantes con sesenta y cinco años o más, mientras que para el año 2050, este sector poblacional estará casi a la par de los niños comprendidos entre los cero y catorce años, ascendiendo a un total de veinticuatro millones ochocientos noventa y tres mil noventa y siete.
En este sentido, es importante señalar que el 25 de junio del año 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de aquellas personas que cuenten con sesenta años o más, mediante la regulación de algunos puntos como la política pública nacional para la observancia de sus derechos; así como los principios, objetivos, programas e instrumentos de la administración pública federal, las entidades federativas, los municipios, y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).
Realizando un análisis de este instrumento jurídico se puede observar, en primer lugar, que la aplicación y vigilancia del mismo corresponde no solamente a las administraciones públicas federales, estatales y municipales, así como a sus Órganos Desconcentrados y el INAPAM, sino también a los familiares de las personas adultas mayores, ciudadanos y la sociedad civil organizada.
En segundo lugar, se enlistan un cúmulo de derechos que buscan ser garantizados mediante esta ley, dentro de los cuales destacan: una vida con calidad, libre y sin violencia; la protección contra toda forma de explotación, el acceso a los satisfactores necesarios (alimentos, bienes, servicios y condiciones humanas y materiales) para su atención integral; así como recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, de las instituciones federales, estatales y municipales.
Partiendo de lo anteriormente señalado, surge la siguiente pregunta: ¿el Gobierno y la sociedad están propiciando que los adultos mayores gocen de una vida en la cual se les respetan sus derechos y por consiguiente sea digna?
Respecto al derecho a una vida con calidad, libre y sin violencia, es indispensable señalar que así como lo menciona la Asociación Mexicana de Afores, la pobreza es el principal obstáculo para un envejecimiento de calidad. En el año 2018 el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) señaló que la mitad de los adultos mayores de nuestro país se encuentran en pobreza. Aunado a lo anterior, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que entre el veinte y treinta por ciento de este grupo sufre violencia física, psicológica, económica y abandono, siendo este último un tipo de violencia pasiva, el cual de acuerdo con el Instituto Nacional de Geriatría acontece cuando el adulto mayor requiere cuidado y los que le rodean omiten la atención o la brindan de manera inadecuada.
En cuanto al derecho a la protección contra toda forma de explotación, el estudio denominado Situación de las personas adultas mayores en México realizado en febrero del año 2015 por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), señaló que en México laboran cuatro millones setecientos veintidós mil adultos mayores, de los cuales un noventa y seis por ciento carecen de seguridad social debido a que realizan actividades informales en áreas como el comercio, servicios personales, industria y el sector agropecuario. Sin embargo, lo más preocupante, es que dicho estudió arrojó que diecisiete por ciento de las mujeres, así como veinticuatro por ciento de los hombres que componen el grupo de los adultos mayores que laboran en México, se desempeñan en largas jornadas de más de cuarenta y ocho horas, algo completamente contradictorio con el ordenamiento que se está analizando así como con la propia Ley Federal del Trabajo.
En torno al acceso a los satisfactores necesarios, específicamente en los servicios de salud y de acuerdo a datos del estudio anteriormente citado, en el año 2012, dieciséis por ciento de los adultos mayores no eran derechohabientes de institución alguna, encontrándose en dificultades al momento de atender sus necesidades médicas. Por si esto no fuera suficiente, la geriatría es una rama de la medicina que no se ha extendido lo necesario para cumplir con las necesidades de la población adulta mayor en México, debido a que para el año 2012 se contabilizó a un geriatra por cada veintidós mil trescientas cuarenta y cinco personas adultas mayores. Datos presentados por el propio Inmujeres, indican que anualmente se forman veinte geriatras, lo cual es insuficiente para cubrir las necesidades presentes y futuras de atención a la población adulta mayor en nuestro país. En este sentido, el Instituto Nacional de Salud Pública señala que además del contexto de escasa protección institucional, las problemáticas de salud asociadas a la vejez se ven aumentadas por la pobreza y las profundas desigualdades sociales que se observan en los entornos urbanos y rurales de nuestro país.
Reflexionando un poco sobre lo anteriormente mencionado, se puede observar que aún cuando contamos con una ley que protege desde muchos flancos a los adultos mayores, los resultados que se están obteniendo en la realidad, son negativos, situación que atribuyo a mecanismos débiles de aplicación de la misma legislación, así como a una nula participación social.
Debemos tener en cuenta que si bien algunas de las cosmovisiones que la doctrina ha formulado en torno al Estado le atribuyen la obligación de velar por el bien de sus ciudadanos, el tema de los adultos mayores compete también a la ciudadanía, la cual tiene que contribuir a brindarles un bienestar físico y emocional, particularmente en el núcleo familiar.
Por otro lado, es importante que el Gobierno continúe realizando estudios para conocer el desarrollo de este sector poblacional, implemente políticas públicas tendientes a atacar las carencias actuales, así como también cumplimente la obligación de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, la cual está contenida en el artículo primero constitucional.
Finalmente, es necesario promover y consolidar una cultura de la prevención en las generaciones más jóvenes, principalmente en dos temas: el económico, sensibilizándolas en cuestiones como el ahorro; y el de salud, tomando medidas para evitar que padezcan ciertas enfermedades en su juventud, que pudieran mermar su calidad de vida cuando lleguen a ser adultos mayores.
Twitter: @JUANFERESPINO
