El Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) se sumó este viernes a la firma del Manifiesto Nacional de Autoridades Electorales Locales, a través del cual asume el compromiso de respetar los principios constitucionales y convencionales que existen en la materia, en el marco del proceso electoral 2020-2021.

Al Manifiesto se han incorporado los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), las Fiscalías Estatales Especializadas en Delitos Electorales y los Tribunales Electorales de todo el país.

El magistrado presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana (ATERM), Lorenzo Wong Meraz, explicó que el contenido representa una guía sobre el actuar que todas las autoridades en materia electoral deben tener en el marco del actual proceso electoral, con lo cual se pretende consolidar la construcción de la democracia en el país.

Como testigos de la firma, estuvieron el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdoba Vianello, y el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón.

Durante la firma del Manifiesto en un acto realizado en la ciudad de Puebla, Wong Meraz sostuvo que la colaboración entre autoridades electorales es la base principal para el desarrollo democrático. “La fraternidad entre autoridades electorales es nuestra herramienta más contundente  para eliminar cualquier sesgo en el correcto ejercicio de nuestra función”, subrayó.

Entre los compromisos asumidos por las autoridades electorales, destacan ejercer con responsabilidad, honorabilidad y honestidad la función electoral, atendiendo las obligaciones que se desprenden del marco constitucional y convencional; además de reafirmar el compromiso en la promoción, respeto y garantía de los derechos fundamentales de las personas; y tutelar los derechos de las personas de grupos en condiciones de vulnerabilidad para lograr una democracia inclusiva.

Asimismo, garantizar la defensa y protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, pues su ejercicio es indispensable para la consolidación democrática; fortalecer el principio de distribución de competencias; continuar con la construcción de una democracia paritaria en la que, de manera efectiva, mujeres y hombres participen en condiciones igualitarias y libre de violencia en la toma de decisiones públicas y políticas.

También destaca el robustecimiento y protección de la autonomía de los órganos electorales locales, así como un permanente y abierto diálogo administrativo y jurisdiccional con las autoridades federales y locales; lo mismo que juzgar con independencia  a quienes violenten la imparcialidad y neutralidad en el uso de recursos públicos.

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