José Miguel C. Núñez Núñez

La tribuna pública y las redes sociales empiezan a utilizar expresiones propias de las dictaduras: patriota o traidor.

Lenguaje fácil de manipular desde el poder del gobierno, no del Estado, en tanto en el Estado caben poderes distintos al del Poder Ejecutivo y cabe también el pueblo, que somos todos, mujeres y hombres mexicanos, sin excepción alguna.

A ello se refirió precisamente Ifigenia Martínez, senadora de la República, al recibir la medalla Belisario Domínguez, “… refrendó el respeto a la división de poderes, que debe mantenerse incólume, sin amenazas ni presiones.” (La Jornada. 8.10.2021).

Esto lo señaló, después que el presidente ha escalado el nivel amenazante de su discurso, en apoyo a su contrarreforma eléctrica. Veamos:

“De una vez digo a los legisladores, no es amenaza ni… advertencia… no va a haber anonimato… que no estén pensando que van a votar en contra de esta reforma… y nadie se va a enterar… no somos tapaderas.” (La Jornada. 5.10.2021)

“¿Estás a favor de las empresas extranjeras..?… los legisladores van ahora a manifestar si están a favor del pueblo, del consumidor, del usuario, o están a favor de las empresas de los grupos de interés creados.” (La Jornada. 7.10.2021)

“… si hay un acto de traición a la patria y no se aprueba que el litio esté en manos de la nación, de todas maneras nosotros vamos a negar cualquier solicitud de concesión… Quien entrega los recursos naturales … a extranjeros es traidor a la patria…” (La Jornada. 8.10.2021)

Este lenguaje usado desde el poder, no refleja democracia. Por ello la posición de la senadora Ifigenia Martínez, al pedir: “respeto a la división de poderes, que debe mantenerse incólume, sin amenazas ni presiones.”

El propio Julio Hernández López, en su Astillero de La Jornada del 6 de octubre pasado, al referirse al lance presidencial, buscando los votos de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados federal, parafraseando la disyuntiva planteada por López Obrador a los priistas: “Salinas o Cárdenas”, Julio la calificó como falso dilema y lo consideró “una especie de fondo de protección al ahorro histórico, un FobaPRI, a partir de la muy discutible interrogación simplista…”

Rolando Cordera Campos, retoma lo escrito por Clemente Ruíz: “Lo que se ve en el mundo es la convivencia de diferentes fuentes de energía… se combinan las fuentes de abastecimiento, no recargando todo en una sola empresa, se requiere de mucha inversión… parece absurdo que se busque limitar la inversión en el sector” y agrega Rolando Cordera: “… no debería jugarse con la electricidad y sus fuentes de generación. Recuperar el patriotismo de Cárdenas o López Mateos, como lo propone el Presidente, no tiene que ver con un nacionalismo ramplón…” (El Financiero. 7.10.2021)

Greenpeace México sostiene que la contrarreforma eléctrica: “… cancela definitivamente la posibilidad de desarrollar proyectos de generación comunitaria… se cancelaría la posibilidad de que los privados (incluidas las personas en sus casas) puedan generar electricidad, regresando al esquema de monopolio estatal absoluto que existió durante mucho tiempo… sería un grave error y un retroceso en el camino hacia democratizar la energía… los proyectos de generación distribuida han servido para combatir inequidades y generar acceso a la energía a sectores de la población que sufrían de pobreza energética… el despacho queda sujeto a las decisiones de la CFE… Al no quedar definidos los parámetros de seguridad y confiabilidad, existe una enorme discrecionalidad sobre qué tecnologías serán prioridad para el despacho… lo que nos deja claro el resto de la iniciativa es que las energías renovables (en el texto “intermitentes”) no son consideradas ni seguras ni confiables por las autoridades, por lo que no serán consideradas en el despacho, a pesar de tener costos nivelados mucho más bajos. Esto abre la puerta también a que tecnologías que no estaban siendo despachadas por su alto costo de generación, ambiental y de salud, como el carbón y combustóleo puedan ser despachadas de manera prioritaria… El uso de tecnologías caras, ineficientes y contaminantes para generar electricidad significará que aumentará el precio de la luz. El alto costo de generación tendrá que verse reflejado en la tarifa eléctrica que nos llega o en un mayor subsidio, que al final de cuentas sale del dinero público, es decir los impuestos… preocupa que desaparezcan los órganos reguladores del sector, como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que se integraría a la Secretaría de Energía (Sener) y el Centro Nacional de Control de Energía, que se incorpora a la CFE, lo cual podría abrir margen a la discrecionalidad en la toma de decisiones en el sector… que la CFE pueda funcionar como juez y parte en el sistema eléctrico nacional, deja mucho margen a tomas de decisiones que no necesariamente sean las mejores… Greenpeace México exige que la pugna ideológica entre lo público y lo privado no retrase de ninguna manera la transición energética justa que reduzca las emisiones de gases efecto invernadero del sector que… es el que más aporta en el país y que genere las condiciones de acceso que permitan disminuir la pobreza energética en la que se encuentran más del 30 por ciento de hogares mexicanos… Queremos una transición energética real sin falsas soluciones como el llamado gas natural, la energía nuclear o la captura de carbono. Queremos una transición que favorezca la descentralización y la autonomía energética de las comunidades y se dejen de usar de una vez por todas tecnologías altamente contaminantes como el carbón y el combustóleo… el derecho a la energía no puede eliminar el derecho a la salud y a un medio ambiente sano… Greenpeace no se opone al desarrollo de lo público en el sector eléctrico sino a las formas en que se propone su desarrollo, en detrimento de la salud de la población, el medio ambiente y la democratización de la energía a través de proyectos descentralizados.”

Baste recordar que mientras la CFE fue monopolio, la corrupción era cosa corriente, de todos los días. Nunca pudo llevar electricidad al 100 por ciento de los mexicanos. Y a esa condición se quiere regresar a la CFE. Por lo que “… mientras los mexicanos no tengamos evidencias de procesos integrales y sistémicos de acceso a la verdad y a la justicia; ni de la disolución de las estructuras y los pactos para la perpetuación de la impunidad y los privilegios injustos, no podemos acreditar un auténtico cambio de régimen.” (Mario Patrón. La Jornada. 7.10.2021)

Y efectivamente no hay un cambio de régimen, a tres años de gobierno de López Obrador. En todo caso está restaurando al viejo sistema presidencialista, el de Adolfo López Mateos, “… que reprimió movimientos reivindicativos, de manera aplastante el sindical de los ferrocarrileros; encarceló a líderes como Demetrio Vallejo y el profesor Othón Salazar; y no hizo nada ante el secuestro y asesinato… de su “amigo”, el dirigente agrarista Rubén Jaramillo, su esposa y tres hijos.” (Julio Hernández López. La Jornada. 6.10.2021).

Es de esperar que los legisladores federales hagan valer la división de poderes, que legislen para el mejor futuro posible de las y los mexicanos, cuanto más en una materia en la que ya no deben tener cabida los retrocesos. De aprobarse la contrarreforma eléctrica, el atraso para México será colosal, espantoso. El beneficiado con la contrarreforma al final, será Estados Unidos. Tendremos que comprarle, como ahora ocurre con las gasolinas, más electricidad. Obvio, al precio que Estados Unidos imponga. Los más afectados: los pobres de México. El país perderá competitividad, inversiones y empleos.

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