Señalamientos desde Estados Unidos apuntan a nexos con el crimen organizado en la elección de 2021, por lo que el partido exige una respuesta constitucional ante la situación en Sinaloa
El Partido Acción Nacional (PAN) planteó la desaparición de poderes en Sinaloa, luego de que acusaciones formales en Estados Unidos vinculan a funcionarios de esa entidad con delitos relacionados con el narcotráfico, en hechos que habrían influido en el proceso electoral de 2021.
Con ello, Tlaxcala se sumó al posicionamiento, donde la dirigencia nacional argumentó que la medida responde a una crisis institucional que, a su juicio, rebasa a las autoridades locales en Sinaloa.
El Presidente Nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que los señalamientos contra el Gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios confirman una problemática que, durante años, dijo, fue advertida por su partido.
Sostuvo que el caso ya no se limita a temas de corrupción, sino que apunta a una posible alteración del proceso democrático en Sinaloa mediante la intervención de grupos criminales.
El dirigente señaló que resulta preocupante que investigaciones de esta magnitud surjan desde otro país antes que de instancias nacionales; bajo esa lógica, insistió en que el Senado de la República debe evaluar de forma inmediata la desaparición de poderes en Sinaloa como un mecanismo constitucional que permita restablecer el orden.
Romero Herrera también cuestionó que la solicitud de licencia del gobernador no resuelve el problema de fondo y con ello indicó que, sin acciones contundentes contra la delincuencia organizada, Sinaloa continuará en un escenario de inestabilidad que afecta directamente a su población.
El PAN subrayó que la desaparición de poderes en Sinaloa no debe considerarse una medida extrema, sino una respuesta necesaria ante una crisis que, afirmó, ya superó la capacidad de las autoridades estatales.
En ese sentido, el partido reiteró que las familias de Sinaloa merecen condiciones de seguridad y un gobierno que actúe en su favor.
Finalmente, la dirigencia panista sostuvo que México no puede permitir que quienes tienen la responsabilidad de combatir al crimen enfrenten sospechas de vínculos con este y de esta forma reafirmó que la prioridad debe ser garantizar el Estado de derecho en Sinaloa y proteger la seguridad de la ciudadanía.
