Un juez radicado en la Ciudad de México giró una nueva orden de aprehensión en contra de Raymundo Collins, ex titular del Instituto de Vivienda (Invi) de la Ciudad de México, por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades en su calidad de titular Invi.
Según informes judiciales, de ser encontrado culpable, el también ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina, podría ser sancionado con una pena de entre tres meses y dos años de cárcel, además de una multa de 500 a 1,000 días.
Un juez de Control de la Unidad de Gestión Judicial Número 12 de CDMX ordenó la detención de Collins -y ésta se notificó en un informe que dio en los últimos días de agosto- en contexto de un amparo que la defensa del ex director del Invi promovió.
La acusación contra el ex funcionario consiste en la supuesta compra indebida de un inmueble para el Invi.
Se sabe que la orden fue emitida tres días después de que Raymundo Collins diera los datos de su domicilio —donde podía recibir las notificaciones de este proceso— a la Fiscalía General de Justicia CDMX.
Aunque la orden de aprehensión se libró el pasado 21 de marzo por parte un juez de la Ciudad de México, se conoció por un informe que rindió un juez del fuero común a finales del mes pasado.
La orden de aprehensión contra Raymundo Collins forma parte de las investigaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México contra ex funcionarios de la administración de Miguel Ángel Mancera.
La Fiscalía capitalina abrió una carpeta judicial contra Collins, así como otros exfuncionarios, presuntamente implicados en irregularidades durante su gestión en el Invi que causaron agravio al Servicio Público de la Ciudad de México y de la sociedad.
En diciembre pasado, Raymundo Collins fue acusado del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, por la compra de un predio ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón por 75 millones de pesos. Sin embargo, un juez de Control la canceló porque el delito prescribió en diciembre de 2019.
Collins fue uno de los funcionarios más importantes en el gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México. Fue director del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México desde diciembre de 2012 hasta agosto de 2018, cuando fue designado secretario de Seguridad Pública capitalino, cargo que ocupó por los últimos cuatro meses de la gestión mancerista.
