Una jueza de Estados Unidos programó este viernes para el 26 de enero la «audiencia final» del juicio de extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, solicitado por desvío de recursos y delitos electorales, según los documentos judiciales.
Tanto la Fiscalía, que representa al gobierno mexicano, como los abogados de Duarte, detenido desde julio de 2020 en Miami, presentaron esta semana a la jueza Lauren Fleischer Louis sendos documentos con los argumentos del caso.
Los abogados del exgobernador priista pidieron a la jueza «desestimar» la certificación para su extradición aludiendo que hay una «falsa equivalencia» en el cargo de «peculado«.
Detallaron que el delito mexicano de «peculado» no es equivalente al de «malversación de fondos» en Estados Unidos y por tanto «no puede satisfacer el requisito de doble incriminación«.
El peculado «carece de un elemento de intención«, agregaron.
Subrayaron que no se ha demostrado que «la conducta involucrada sea delictiva en ambos países«.
Por su parte, la Fiscalía, respondió en un documento posterior, publicado este viernes, que «los cargos cumplen el requisito de doble incriminación del tratado» y que «sí hay causa probable de los dos delitos de Duarte«.
La defensa del exgobernador además señaló que la vida del político «estará en peligro» si es extraditado.
El exmandatario estatal, que enfrenta cargos de «peculado y asociación para delinquir«, ha alegado «persecución política» de su sucesor, Javier Corral Jurado.
«Corral no solo ha acusado falsamente al Sr Duarte de ser un informante contra los cárteles de la droga en su permanencia en Estados Unidos, sino su asesor político principal también admitió que el Sr Duarte sería asesinado al ser encarcelado en México«, señala el documento de la defensa.
La Fiscalía señaló que «Duarte no puede satisfacer la excepción por delito político, y la ‘regla de no indagación’ impide que este tribunal considere los alegatos de Duarte sobre persecución política y amenazas en México«.
