La reforma laboral no es un asunto menor, pues implica transformar cien años en que la justicia se impartió de manera tripartita, con representantes del gobierno, de los obreros y de los patrones, por una nueva lógica que deberán emplear juzgadores, litigantes y justiciables para dirimir los asuntos en la materia, dijo el magistrado Raúl Arroyo.
El integrante de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) inauguró, en representación de la magistrada presidenta, Blanca Sánchez Martínez, el Diplomado en Justicia Laboral que durante 10 meses catedráticos de la UNAM impartirán a un total de 50 alumnos.
Ante José Gamas Torruco, director de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, y Porfirio Marquet Guerrero, del Seminario de Derecho Laboral de la máxima casa de estudios del país, el también titular de la Quinta Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio reconoció que llevar a la práctica este nuevo modelo de derecho laboral será una tarea compleja.
“El reto también es del Poder Judicial, porque los jueces tienen que asumir que nuestro derecho laboral proviene de una lucha social, que fue proteccionista de los obreros, y eso hoy tienen que compensarlo con una impartición de justicia que no puede ser a rajatabla. Eso va a significar, sobre todo, un cambio de mentalidad”, expuso Arroyo.
“¿Cuál es el riesgo? Que los jueces veamos al derecho laboral sin ese sentido de perspectiva social, de derecho protector de una de las clases más desprotegidas. Y esto sonaba bien en 1917, pero lo más complicado es que sigue sonando bien hoy, cuando las diferencias sociales siguen manteniendo a una mayor clase social desprotegida”.
En presencia de Lidia Noguez Torres, presidenta de la Comisión de Carrera Judicial y Justicia Alternativa del Consejo de la Judicatura, así como de Eudaldo Rivas Gómez, director del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas (IPIJ) del Poder Judicial, el magistrado destacó que a la presidencia de la magistrada Blanca Sánchez le ha correspondido la transformación más profunda que el Poder Judicial de Hidalgo había tenido en las últimas décadas.
Esto, explicó, porque le ha tocado la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio; la estructuración del Sistema Estatal Anticorrupción, que implicó la creación del Tribunal de Justicia Administrativa; el cambio en la justica mercantil, donde se incorporó la característica de la oralidad, y ahora la implementación de la reforma laboral.
“El asunto no es menor, el asunto es de gran trascendencia y con un impacto que va mucho más allá de los muros en la casa de la justicia. Tiene que ver con el bienestar social, la producción, la economía nacional, la seguridad de las inversiones y la tranquilidad social. De ese tamaño es la reforma y por ello el Poder Judicial se siente muy orgulloso de estar participando en este proceso que será histórico”.
Al hacer uso de la palabra, Gamas Torruco y Marquet Guerrero coincidieron en la importancia de este diplomado, el cual es el primero que la Facultad de Derecho de la UNAM y la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia realizan con un Poder Judicial estatal.
