Tipificar como delito la suplantación de identidad de los organismos empresariales, para frenar la actuación de asociaciones civiles, que sin personalidad jurídica para hacerlo, cobran el SIEM a comerciantes, esquilmándolas, exigieron las cámaras de comercio legalmente constituidas.

Son organizaciones que vienen operando desde hace muchos años en la entidad, y en otros estados en el país, pese a ser denunciadas frecuentemente por las cámaras Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Pachuca (Canaco-Servytur) y la Cámara Nacional del Pequeño Comercio (Canacope), y por la propia Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco).

Solo tipificando como delito la suplantación de identidad, será posible frenar a estas organizaciones, que utilizan logotipos muy similares a lo de las organizaciones auténticas para confundir al comercio, sean castigadas.

La Canaco Pachuca pidió además que se legisle para que a nivel estatal exista un padrón único de representantes de cámaras empresariales que cuenten con autorización expresa de la Secretaría de Economía (SE) federal para realizar el cobro del SIEM.

Dichas cámaras oficiales deberán contar además con una identificación expedida por la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Hidalgo (Sedeco).

En Pachuca y Mineral de la Reforma suele  esquilmar a comerciantes la organización apócrifa Canaco-Servytur, con un logotipo muy similar y el color oficial de la Canaco Pachuca –con 100 años de existir en Hidalgo-, e incluso, contar con una oficina –compuesta por un escritorio, un teléfono y un archivero-, primero en la colonia La Providencia, de Mineral de la Reforma, y en años recientes, en la colonia Palmitas, en Pachuca, la cual permanece cerrada a lo largo del año y sólo es abierta en la temporada de cobro del SIEM.

El SIEM –Sistema de Información Empresarial de México-, es un cobro que autoriza la Secretaría de Economía a las cámaras de comercio oficialmente constituidas, las cuales, a cambio, ofrecen servicios a sus representados como asesoría en materia laboral y fiscal, representación ante autoridades federales, estatales y municipales, entre varios más.