En Hidalgo, como en el resto del país, no se discrimina por ser negro; se discrimina, sí, por ser indígena, ser pobre, hablar mal el español o con acento “raro”, por no ser “feo”, por la forma de vestir, por razones religiosas, por edad o por preferencias sexuales distintas a las comunes, entre varias más.
El 23.3% de la población adulta reportó que en los últimos cinco años se le negó algún derecho por cuestiones de discriminación, mientras que el 40.3% de la población indígena declaró que se le discriminó debido a su condición de persona indígena; el 58.3% de las personas con discapacidad, a causa de su condición de discapacidad, y el 41.7% señaló que lo fue por sus creencias religiosas.
El Inegi difundió este lunes los resultados de la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis), y en ellos se precisa que el 20.2% de la población adulta afirmó haber sido discriminada en el último año por alguna característica o condición personal, tono de piel, manera de hablar, peso o estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social, lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual.
Los motivos que destacan son principalmente forma de vestir o arreglo personal, peso o estatura, creencias religiosas y la edad.
Este comportamiento se presenta en proporciones similares: 20.1% mujeres y 20.2% hombres. El estado de Guerrero registra una mayor prevalencia de discriminación hacia los hombres (26.8%) respecto de las mujeres (23.5%). En la Ciudad de México los varones declararon menor discriminación (20.6%) respecto de las mujeres (26.4 por ciento).
Los principales ámbitos donde las personas indígenas y las que tienen alguna discapacidad percibieron haber sido discriminadas en el último año, son los servicios médicos, la calle o transporte público, y en la familia.
La discriminación religiosa se da principalmente en personas mayores, los adolescentes y jóvenes, y las mujeres declararon que la padecen principalmente la calle o transporte público, el trabajo o escuela y la familia.
El 23.3% de la población adulta señaló que en los últimos cinco años se le negó injustificadamente alguno de los derechos por los que se indagó. Los derechos que tuvieron mayor mención como negados fueron recibir apoyos de programas sociales, la atención médica o medicamentos.
La situación de discriminación mayormente declarada en casi todos los grupos de estudio, en este mismo periodo, fue: le han insultado, burlado o dicho cosas que le molestaran. El 19.3% de personas con discapacidad declaró que lo (a) hacen sentir o miran de forma incómoda.
El porcentaje de población adulta que opina que se respetan poco o nada los derechos para los distintos grupos de población, varía de forma importante. Encabezan la lista el grupo de personas trans con 71.9%, y el de las personas gays o lesbianas con 65.5%
El 57.1% de las mujeres trabajadoras domésticas reportaron que se respetan poco o nada sus derechos; le siguen en porcentaje la población indígena y personas con discapacidad.
Las principales características por las que en general la población de 18 años y más no le rentaría un cuarto de su vivienda a alguna persona, sería por: ser extranjera (39.1%), ser joven (38.6%), ser una persona trans (36.4%), tener VIH o SIDA (35.9%), o ser gay o lesbiana (32.3%).
La población que no estaría de acuerdo en que su hijo o hija se casara con una persona con SIDA o VIH es de 56.6%; con una persona del mismo sexo, 43.0%, y con una persona con distinta religión, el 13.3%.
Igualmente, poco más del 60% de la población de 18 años y más está de acuerdo con que “la mayoría de las y los jóvenes son irresponsables”.
El 44.7% estuvo de acuerdo en que “mientras más religiones se permitan en el país, habrá más conflictos sociales”, y 24.5% considera que “las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo”.
Por primera vez, el Inegi recabó información al respecto en la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis), para reconocer la prevalencia de la discriminación y sus diversas manifestaciones.
La Enadis capta actitudes, prejuicios y opiniones hacia distintos grupos de la población discriminados por motivos étnicos, etarios, de orientación sexual, entre otros.
La encuesta se realizó en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y en sociedad con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
