La violencia contra las mujeres y las niñas es la tragedia de la desigualdad exacerbada en esta pandemia.
Alicia Bárcenas, Cepal
Normalmente los recursos que se asignan al conjunto de programas destinados a la igualdad entre mujeres y hombres (los de género- el llamado Anexo 13), son poco transparentes, se consideran insuficientes (programas y recursos); su seguimiento no ha permitido identificar claramente si el problema de su fracaso, o su impacto tan limitado, está en el monto del gasto asignado, mala administración, objetivos o metas disonantes, o bien, lejanas a la problemática que se pretende atender.
Lo cierto es que hace décadas la situación de las mujeres avanza pero en sentido totalmente negativo, cada año es peor. Ya sea en violencia contra mujeres, situación laboral, discriminación o violencia política. Su entorno es hostil, lleno de obstáculos y con resultados cada vez más limitados, limitados para la sociedad y por supuesto para las mujeres.
Un panorama desalentador, acompañado de una política oficial -presidencial- que no entiende que no ha entendido, ni muestra una auténtica empatía. Esto se vuelve más complejo porque de este gobierno en particular, las mujeres tenían y tienen todavía muchas expectativas de logros, es imperativo allanar el camino y caminar juntos (gobierno y mujeres), en la reconstrucción de ellas y de este país.
Hasta ahora no ha sido así, a estos elementos habría que sumarle la crisis económica derivada de una fuerte crisis sanitaria, un problema de salud complejo. Hay consenso nacional e internacional sobre el alto grado de afectación que esto tiene y ha tenido para las mujeres.
Según ONUMujeres, en México más de medio millón de personas se dedican a la enfermería, con un grado técnico o de especialización y 79 por ciento son mujeres. En el personal médico 39 por ciento también son mujeres. La crisis sanitaria y su complejidad es otro elemento estratégico que descansa en mujeres sobreexplotadas.
Por las labores que desempeñan en el sector salud, las mujeres están en la primera línea de atención a COVID-19 y, por lo tanto, también expuestas a mayores riesgos de contagio y desgaste físico y emocional. Como lo muestran los reportes oficiales, al 16 de junio de 2020, las mujeres representan 57 por ciento de los casos positivos al virus y 29 por ciento de las muertes. Las más afectadas por el contagio son las enfermeras, quienes en su mayoría son mujeres, de acuerdo con el Observatorio Género y COVID-19.
Es urgente pasar de la concepción errónea de “mujeres heroínas” a la de garantizar sus derechos laborales y su derecho a una vida libre de violencia.
Desde esta mirada y conscientes de que no existen soluciones de generación espontánea, el análisis del proyecto de presupuesto para 2021 -un año muuuy difícil para el país- los recursos etiquetados para la igualdad de género prácticamente no ofrecen una alternativa real de apoyo; vamos, no es un “proyecto de soluciones mediatas o inmediatas”, salvo breves destellos.
Todo indica que la recuperación económica será lenta, debido entre otras cosas, a la caída del poder de compra. El aumento de los salarios mínimos y contractuales es totalmente insuficiente, al igual que la recuperación de empleos en los meses de julio y agosto, mucho menos para las mujeres. Es muy fuerte la caída de la economía familiar por ejemplo, la tasa de desempleo es más alta en mujeres que en hombres: 6.3 frente a 4.8 por ciento.
La línea de la política de gasto público es exclusivamente más austeridad, las prioridades están en los proyectos de dos bocas o el tren maya; programas sociales como apoyo a adultos mayores; los microcréditos de la Secretaría de Economía.
Debido a que uno de los sectores más golpeados ha sido el de las trabajadoras por cuenta propia: se quedaron inactivos un 20 por ciento en abril, esto tiene un componente feminizado importante; unas migajitas para el gravísimo problema de la violencia que sufren las mujeres; también reducción a los aspectos básicos de salud reproductiva y materno-infantil.
Al Programa de Apoyo a las estancias de mujeres en las entidades federativas (PAIMEF), adscrito a la Secretaría de Bienestar pretenden reducirle 10 millones de pesos para 2021. Haber cancelado las guarderías o estancias por problemas de corrupción, pasando a la modalidad de estos “apoyos” no ha beneficiado a nadie: ni a la niñez, ni a las trabajadoras; se suponía que dichos “apoyos” eran temporales y se podría disponer de nuevas estancias, con nuevas formas de organización, ajenas a la corrupción.
Ahora esta posibilidad es mucho más remota o complicada porque si hay crisis, y severa, además los pocos recursos disponibles deberían estar en Salud, por ejemplo.
Carmen R. Ponce Meléndez
