El pasado 10 de diciembre de 1948, hace 73 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumento internacional que es la piedra angular de los derechos de todas las personas.
Esos derechos son universales, irrenunciables, indivisibles e interdependientes, pero además son progresivos, lo que quiere decir que no retroceden, sino avanzan en su respeto y cumplimiento.
Esta es la base fundamental para el compromiso del Estado Mexicano y todos los Estados parte de este importante instrumento internacional para erradicar la esclavitud y la explotación en todas sus modalidades y formas y también la discriminación y la violencia.
Nos ha permitido luchar por erradicar todas las formas y modalidades de explotación de mujeres y niñas como la sexual, los matrimonios forzados, la servidumbre por deuda o gleba, el trabajo agrícola o doméstico, los embarazos forzados, los usos y costumbres perjudiciales para las mujeres como la mutilación genital femenina o la venta de niñas novias y todas las formas de violencia contra las mujeres.
Incluye la igualdad y la no discriminación entre sus fundamentos principales, así como la dignidad de las personas. Hace responsables a los Estados parte de la vida, la integridad y la seguridad de sus connacionales y por consiguiente de las mujeres y las niñas así como de generar oportunidades de vida digna, salud, educación, vivienda, pero sobre todo de la paz.
Inspiradas en este y otros tratados internacionales de Derechos Humanos, hemos luchado porque ninguna mujer o niña sea vendida o comprada y que se erradiquen todas esas prácticas que comercializan el cuerpo y la función reproductiva de las mujeres o propician la compra-venta de niñas y niños “ordenados a la carta” por quienes tienen el poder económico para ordenarlos por contrato con agencias que se enriquecen a costillas de las mujeres que viven en extrema necesidad.
Ninguna forma de explotación en beneficio de terceros, ni en la explotación sexual, ni en la reproductiva, se puede renunciar al derecho a no ser explotadas, ni al derecho a la dignidad, y nadie puede consentir su propia explotación. Así que los argumentos de que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiere es una falacia, ya que la libertad personal está limitada por la libertad de las demás y hay ciertas actividades, como la prostitución o los vientres de alquiler, o como la pornografía o la donación comercial de órganos, que atentan contra la noción del bien común y no son más que actividades precarizadas, que en el mejor de los casos se constituyen en meros medios de sobrevivencia a un costo muy alto, tanto en la salud física como en la salud mental de las mujeres y las niñas.
Es por eso y con base en los tratados internacionales de Derechos Humanos que NO se puede hablar de “trabajo sexual”, ni de subrogación de úteros. No existe ningún tratado internacional que los reconozca y es por eso que es muy preocupante que la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michel Bachelet, que es la depositaria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como de otros tratados en la materia, no tenga una posición clara a este respecto y no haga fuertes recomendaciones a los Estados Parte para que modifiquen o uniformen sus leyes y políticas para erradicar estas actividades precarizadas que atentan contra los derechos de todas las humanas y su dignidad, sean niñas, niños y adolescentes.
Una posición que inclusive en algunas agencias de las Naciones Unidas son peores, que llegan incluso a favor de querer reglamentarlas o legalizarlas y hasta las promueven.
Cuántos casos conocemos y nos ha tocado atender donde la explotación sexual o reproductiva, incluyendo la donación comercial de óvulos, se constituyen en esclavitud de las más débiles y las más vulnerables. Cuántos casos de explotación o esclavitud de mujeres y niñas terminan en feminicidio. Cuáles son los verdaderos efectos a mediano y largo plazo de estas prácticas sobre los cuerpos, la salud física y mental de las mujeres, muchos que no se han medido.
Si un país se quiere prestigiar como un campeón del respeto a los Derechos Humanos, no puede permitir la violación de éstos a mujeres y niñas, no puede seguir privilegiando los derechos de la comunidad trans y permitir que se borre a las mujeres y sus derechos.
Tenemos que defender nuestros derechos basados en el sexo y no debemos permitir que nos trague la ideología de la identidad de género y no porque no reconozcamos que tienen derechos y son una comunidad discriminada y violentada, pero los logros de las mujeres y del movimiento feminista nos han costado muchos años de lucha y seguimos luchando porque todavía nos faltan muchos derechos que están en las leyes pero que no son una realidad en la vida de las mujeres y las niñas.
Esta es la última columna del año y no quiero terminar sin reconocer que ha sido un año muy difícil, que el balance de la violencia contra las mujeres durante el confinamiento y en lo que va de la pandemia es alarmante; incluso durante 2020 llegamos a 11 casos de feminicidio diarios, aunque en las cifras oficiales no se reconozcan. Lo cierto es que la violencia contra las mujeres, la trata, la explotación sexual y reproductiva se están convirtiendo en un medio de sobrevivencia para las mujeres abandonadas, con hijos, que se quedaron desempleadas, para las adultas mayores que no tienen oportunidades de trabajo y tampoco tienen opciones dignas de sobrevivencia. Por eso tenemos que luchar porque las mujeres y las niñas estén en el centro de las políticas de reconstrucción económica de nuestro país.
Muchas hemos sufrido la pérdida o enfermedad de un ser querido, o una amiga o amigo, sin embargo lo cierto es que no podemos darnos por vencidas y tenemos que seguir luchando y, sobre todo, en estas fiestas ¡celebremos la vida! con la esperanza de que nos vamos a levantar. Que sea por todas… No dejemos de luchar…
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz
