Acaso en verdad habrá sido un hecho asombroso e inesperado, resultado de la veracidad y la justicia en México que al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, la Fiscalía General de la República (FGR) decidiera no aplicarle ninguna acción penal en su contra.
Al menos el presidente Andrés Manuel López Obrador está satisfecho con el resultado y argumentó: “Si bien se debe combatir la impunidad no puede haber venganza. Es un asunto que le tocó resolver a la FGR, y de una u otra manera tiene que ver con mi gobierno el cual avala, secunda y respalda la decisión. Debe terminarse la impunidad y la corrupción, pero tampoco puede haber represalias, venganzas y que no se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esa manera, trátese de quien se trate”.
“Nosotros – añadió- no somos corruptos ni protectores de corruptos, estamos luchando en contra de la impunidad, damos la cara, informamos, actuamos de manera transparente, no reservamos, no ocultamos ninguna información”.
El mandatario remató en su discurso que se dará a conocer el expediente de Cienfuegos y confió en que su contraparte, Estados Unidos, entenderá que no se puede poner en entredicho al gobierno mexicano, pero, cuando éste tiene tantas y múltiples anomalías creo que sí se puede y debe poner en juicio y bajo reserva al gobierno mexicano.
Pero…. ¿Por qué tanto interés en el caso del ex General Cienfuegos? Quizá porque Cienfuegos a pesar de estar involucrado en tortura, asesinato, desaparición de 142 personas, acusado de entorpecer las investigaciones para esclarecer el caso Ayotzinapa y Tlatlaya ha sido exonerado.
Cienfuegos es la prueba más cruda de que en México la justicia es un privilegio y a pesar de que el presidente López Obrador haya argumentado que: “no se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esa manera, trátese de quien se trate”. Los hechos son otros, veamos:
Después de 8 años y 9 meses en prisión preventiva, Miriam Hernández, una mujer que tuvo un aborto accidental y que fue acusada de homicidio de su hijo, fue liberada al no habérsele comprobado su culpabilidad.
Una fuerte caída provocó que Miriam -quien ya tenía 7 meses de embarazo – sufriera un parto fortuito en su domicilio, lo que provocó que el bebé fuera expulsado, al momento de salir se golpeó la cabeza y murió. Ella fue trasladada al Hospital General de Acapulco, mientras su familia cubrió el cuerpo del bebé.
En el hospital un médico pidió a la familia que llevaran el cuerpo del bebé –acto indebido, porque los familiares no están autorizados ni capacitados para esta labor–. El médico observó el cuerpo y notó que tenía cinco heridas en el pecho y ombligo, por lo que dieron aviso a las autoridades.
Por el aviso de las autoridades hospitalarias, el Ministerio Público envió un oficio informando que Miriam estaba siendo investigada por el delito de homicidio, por lo que la dieron de alta inmediatamente para que rindiera su declaración, sin que hubiera recibido toda la atención médica necesaria.
El 25 de noviembre de 2008 se inició el juicio en contra de Miriam por homicidio calificado en agravio de un recién nacido. Desde su ingreso al Penal de Las Cruces en Acapulco, Guerrero, sufrió agresiones por parte del personal, e incluso fue amenazada de muerte por “asesinar a su propio hijo”.
Con estos fundamentos, Miriam fue condenada en 2012 a 20 años de prisión; sin embargo, en noviembre de ese mismo año se ordenó la reposición del procedimiento y fue hasta el 16 de agosto de 2016 que Miriam pudo conseguir su absolución.
Otro caso es el de Mónica Esparza, comenzando un 12 de febrero de 2013, Mónica, de 26 años de edad, transitaba por Torreón con su esposo y hermano cuando la policía municipal los detuvo sin una orden de aprehensión, los agentes se los llevaron a una bodega cerca de la Dirección de la Seguridad Pública de Torreón en donde prácticas inhumanas y verdaderos ejemplos de lo que no son los derechos humanos fueron ejecutadas por sus captores.
Mónica fue procesada por supuestos delitos de secuestro y posesión de armas de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea mexicana. Incluso fue forzada a firmar un documento donde se autoproclamaba miembro de la mafia narcotraficante de “Los Zetas”.
Tras siete años de prisión injustificada y sin haber recibido una sentencia, por fin fue liberada el 12 de marzo del 2020 luego de que el juez federal, Yuri Alí Ronquillo Vélez, reconociera su inocencia y ordenara su libertad.
Y por último, por si no fuera poco tenemos el caso de Pedro Gatica quien fue víctima del sistema de justicia penal en aquel año 1999, cuando tenía apenas 16 años, Pedro (de origen indígena tlapaneco) fue detenido y sujeto a un proceso que superó por mucho, el tiempo que dura la prisión preventiva y el plazo razonable para ser juzgado.
Las circunstancias que lo llevaron a ser detenido y procesado devienen de una pugna por tierras en la comunidad de la Ciénega del Sauce en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero.
Pedro también fue víctima del ejercicio discriminatorio en la impartición de justicia, pues a pesar de que no hablaba español, en ningún momento se le proporcionó un intérprete a través del cual pudiera conocer y comprender su situación legal. Al no hacer una correcta valoración de las pruebas y conducirse con suma arbitrariedad, tanto las autoridades ministeriales como el Juez de Primera Instancia en Ayutla son responsables de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos.
El presidente López Obrador indica que no existirá más corrupción, que no se pueden inventar delitos, por favor señor presidente por el bien de la nación, de su gobierno y la justicia en México esperemos que no sea una falacia, mentira, embuste la exoneración de Salvador Cienfuegos mientras existen ciudadanos que realmente no son culpables de ningún delito, sólo de haber estado en el momento equivocado y toparse con un sistema carente de una real justicia.
¿Tú lo crees?… Yo también.
