Salvador Franco Cravioto
En una entrega anterior esbozamos ideas acerca de soluciones teóricas que pudieran ser viables para transformar la realidad hacia mejor y hablábamos de lo ideal que resulta en la práctica de algunos países el haber tenido la dicha de lograr un sistema político y social basado en la confianza, la cual a propósito resulta que es causa de la ONU en 2021, año que entre otros decretos oficiales fue declarado Año Internacional de la Paz y la Confianza.
Sin embargo para que haya confianza tiene que haber cohesión social, lo mismo entre ciudadanos que entre élites y entre unos y otros, que entre gobernantes y gobernados. Para construir la paz y la confianza hace falta partir además de la solidaridad, un principio y un valor todavía utópico para sociedades más individualistas, pero que es principio fundamental para el buen funcionamiento de servicios públicos de carácter social como salud, educación y en general para la realización de muchos derechos humanos y sociales, incluidos los servicios de seguridad y de justicia, y el fomento de un crecimiento económico con justicia social.
También otra diferencia radica en el valor que una sociedad y un Estado otorgan al trabajo. El capital y la inversión son importantes, pero también lo es el capital humano y la fuerza laboral del trabajador, sin el cual sería imposible producir riqueza; y sin desarrollo económico tampoco hay impuestos ni una recaudación suficiente que dote al Estado de la capacidad de respuesta que requiere para atender las demandas sociales y las obligaciones que tiene hacia sus gobernados.
El Estado, que representa a todos y no sólo a determinadas clases, tiene obligación no sólo de generar, sino también y con justicia de hacer circular y distribuir los beneficios económicos del trabajo que toda la sociedad realiza, esto mediante la seguridad social, que no es una dádiva sino un derecho al que eventualmente deberíamos acceder todos, cualquiera que sea nuestra condición. No obstante, por otro lado -aunque pudiera sonar contradictorio-, también se requiere claramente del adelgazamiento estratégico del Estado y de sus procedimientos burocráticos, incluido el Derecho -como la expresión normativa del Estado- a través de una bien pensada desregulación y destecnificación.
Dice el jurista, promotor y activista por la paz Iván Espino que “el Derecho debe proyectarse como un sistema humanizado, socializado, destecnificado y universal”. Esto parece correcto siguiendo el hilo conductor del argumento de un sistema nacional y local basado en la confianza, con entendimiento mutuo, donde nadie se aproveche de nadie y donde quede claro que todos somos dignos habitantes del mundo y todos necesitamos de todos.
Las opiniones vertidas en ejercicio de mi libertad de expresión son siempre a título personal. Por un mundo de paz y de respeto hacia toda persona, bienvenido el debate de ideas. ¡Que viva la diversidad y todo aquello que nos hace únicos!
