Tras la vinculación a proceso de siete policías del municipio de Progreso de Obregón por la muerte de la doctora Beatriz en el área de retención primaria, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Raúl Arroyo González, indicó que el caso de la joven debe ser un llamado de atención a los ayuntamientos para atender la capacitación del personal policial y sus protocolos de respuesta.
En conferencia de presa, Arroyo González dio a conocer que este jueves el Ministerio Público obtuvo de una jueza de control la vinculación a proceso de tres mujeres y cuatro hombres adscritos a la Dirección de Seguridad Pública de Progreso de Obregón por el delito de homicidio culposo por omisión, derivado del fallecimiento de la doctora de 29 años el pasado 9 de junio.
#Hidalgo | Raúl Arroyo, procurador de Justicia, informa que se obtuvo vinculación a proceso de siete personas adscritas a la Dirección de Seguridad Pública de Progreso de Obregón, por su probable responsabilidad en la muerte de la doctora Beatriz.
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Refirió que la PGJEH inició las indagatorias bajo el protocolo feminicidio, sin embargo, tras la obtención de datos de prueba adicionales, como videograbaciones del área de retención primaria de la policía municipal, se determinó que la muerte de Beatriz no fue producto de una acción directa, por lo que se reclasificó el delito y se vinculó a proceso a quienes tenían la obligación de garantizar la dignidad, la vida y la integridad de la víctima.
“Este hecho, que provocó un daño irreparable a una familia hidalguense y una laceración a la sociedad, debe ser un llamado de atención para que todos los ayuntamientos, además de las autoridades estatales, pongamos especial atención en la capacitación del personal policial, así como en sus protocolos para cada una de las actuaciones que atienden en función de las responsabilidades públicas, e insistir en la obligación de respetar la dignidad de las víctimas directas e indirectas”, manifestó.
Finalmente, el procurador de Hidalgo expresó que esta tarde se lleva a cabo otra audiencia inicial contra las siete personas implicadas en el caso por las irregularidades cometidas a partir de la detención de la víctima; asegurando que las y los oficiales permanecen en prisión preventiva justificada, según el ordenamiento de la propia juez de control.