Matices y claroscuros
Salvador Franco Cravioto
De acuerdo con la metodología de medición de la pobreza del CONEVAL, los programas de desarrollo social se orientan por ejemplo a la atención de la población en pobreza, pero por otra parte, excluyen a sectores que no son pobres, pero sí vulnerables, como la clase media. No hay políticas públicas que protejan los derechos de los sectores medios de la población y, de hecho, en los últimos años, este grupo de la sociedad es el que más se ha visto vulnerado en sus derechos
Presupuesto Público y Derechos Humanos
Por una agenda para el rediseño del gasto público en México
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2018
Hablábamos en un texto anterior sobre la forma en que la actualidad tiende a desestimar, con base en las creencias más convenientes al poder y al statu quo, todo aquello que tenga que ver con los factores económicos que en determinado momento perpetúan la desigualdad social en el acceso a oportunidades y derechos para la mayoría de las personas, más allá del grupo etario, vulnerable o de atención prioritaria en específico al que puedan pertenecer. Esto se da, entre otras causas, debido a las reglas del modelo económico y a la concentración cada vez mayor del ingreso que éste permite con fundamento en su propia dinámica de “necesidades creadas”, acaparamiento e hiperconsumo, entre otras variables.
Ante este panorama, los derechos humanos no se encuentran exceptuados; en especial cuando hablamos de aquellos de índole económica, social, cultural, ambiental, de solidaridad y al desarrollo, al ser estos, si bien no los únicos, sí los que más requieren de recursos económicos del Estado para hacerse realidad. Derechos que más allá de quien gobierne o cual sea su plataforma política o ideología partidaria, deberían estar plenamente garantizados para toda persona, a un nivel mínimo y satisfactorio de bienestar, sin déficit ni carestía de ninguna clase, como es una realidad en otros países, que dicho sea de paso, recaudan mucho más que lo que recauda fiscalmente nuestro país (algunos arriba del 60%) en función del Producto Interno Bruto.
Y es que en realidad -como también sucede en otros países-, daría igual qué partido político llegara al poder, si los acuerdos constitucionales basados en los principios internacionales de los derechos humanos se reflejaran en una responsabilidad institucional del Estado mexicano, de tal suerte que en lugar de reducir, limitar o estancar el gasto social, este se dirigiera de manera efectiva y eficiente a asegurar la accesibilidad de todos los derechos humanos fundamentales a los que él mismo se ha comprometido progresivamente a respetar, proteger, promover y garantizar.
Con este punto de partida, se estaría en posición de empezar a cambiar el enfoque del presupuesto público, “anteponiendo las obligaciones de derechos” para “asumir un nuevo orden de prioridades a mediano o largo plazo” (Presupuesto Público y Derechos Humanos, CNDH – UNAM – ONU, 2018), con miras a visualizar a la inversión pública en gasto social (justicia, salud, educación, etc.) como verdadera contribución al desarrollo humano del país y del mundo.
__
Salvador Franco Cravioto es licenciado en Derecho, con estudios de posgrado en Ciencia Política y Derechos Humanos; maestría en Pedagogía y varios años de experiencia docente. Es servidor público de carrera y escritor hidalguense, nacido en Pachuca, México, en 1981.
