Las acciones legales del gobierno de México para la defensa de mexicanos detenidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos son, sin duda, correctas y necesarias, pero se enfrentan a uno de los pilares de la política de estado del Presidente Donald Trump, la cual es difícil de cambiar en año electoral y menos si le atrae votos en medio del alza de precios y la creciente duda de su aventura contra Irán.
La muerte de José Guadalupe Ramos-Solano, notificada el pasado miércoles 25 de este marzo, ocurrió en el centro de detención localizado en Adelanto, en el condado californiano de San Bernardino, la cuarta del total de 14 correspondientes a mexicanos desde que inició Trump su gestión en enero del año pasado, y es un ejemplo de lo que significan las palabras del campaña del mandatario, así como una cruel contradicción entre la publicidad que pretende arropar a esa instalación y su realidad.
Recordemos que el jefe de la Casa Blanca ha llamado a los inmigrantes “asesinos”, “locos”, “terroristas”, “invasores” y cuando muy suave “malas personas”, señalando que han sido sacados de prisiones y hospitales de sus países de origen, para enviarlos a suelo estadunidense como invasores.
Con esa caracterización dio forma, nombre y apellido al malestar que muchos estadunidenses sienten por los migrantes, olvidando los servicios que estos les prestan a pesar de las deficientes condiciones en que trabajan.
A cargo directo de las acciones migratorias estuvo la exgobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, justo hasta este 31 de este marzo, cuando entró en vigor su destitución, aunque su nuevo cargo de coordinadora del Escudo de las Américas, que agrupa a la mayoría de gobiernos americanos con excepción de los de Canadá, México, Brasil y Colombia, para combatir al narcotráfico inclusive por la vía militar como ya sucedió en Ecuador, hace pensar si, como se dice en la jerga política nacional, no habrá “caído hacia arriba”.
La destitución de Noem resultó de su falta de aceptación de la responsabilidad por la campaña publicitaria por 200 millones de dólares y que la tenía como figura central, más que por sonados casos de abuso, incluida la muerte de ciudadanos estadunidenses, reportó The New York Times el pasado nueve de marzo, donde se puede entender el costo que tuvo dejar de ser leal a su jefe.
El nuevo responsable del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) es desde el uno de abril el senador por Oklahoma, Markwayne Mullin, de quien no se esperan cambios de fondo a esta política de estado.
Tampoco hay indicios de que vaya a eliminarse la contradicción entre la publicidad que arropa al centro de detención de Adelanto y su realidad vivida por migrantes, cuyo número en ese lugar pasó en dos meses de alrededor de 300 a mil 200, crecimiento de 300 por ciento, de acuerdo al American Civil Liberties Union of Southern California, citado por Los Angeles Times en junio pasado.
Las quejas sobre ese centro no son nuevas y tocan su deficiente atención médica, inclusive en los servicios de salud mental, así como segregación, todo lo que contrasta con la publicidad de GEO Group, al cual pertenece esta instalación, y que presume de respeto a los derechos y la dignidad humana, programa líder en rehabilitación, entorno seguro y altos estándares de sus instalaciones.
En los hechos se trata de la consecuencia de las redadas masivas ordenadas por la administración Trump, que de enero de 2025 al 18 de marzo pasado habían ocasionado la muerte de 46 personas bajo la custodia del ICE, la cifra más alta en dos décadas, y que van de la mano del crecimiento de 70 por ciento en el número de detenidos, que al pasado siete de febrero sumaban 68 mil, mientras al final de la administración Biden llegaban a 39 mil, de acuerdo a KFF, organización estadunidense dedicada a temas de salud.
Bienvenidas las acciones legales contra los centros de detención de migrantes en Estados Unidos, que poco fructificarán pero que es cierto ayudan a la erosión política y moral de una estrategia inhumana, lo cual ya es entendido por muchos ciudadanos estadunidenses, como lo demuestran los cientos de marchas del pasado fin de semana con la proclama de “No King”, en referencia al actual estilo de su gobierno.
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