En días pasados se aprobó en el Senado de la República, por la mayoría de las senadoras y senadores de Morena, mediante una votación muy dividida, una reforma a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión que permite la creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil.

El argumento que se señaló para la creación de dicho padrón de usuarios, fue la total inhibición de los principales delitos que lastiman en nuestro país, como son la extorsión y el secuestro.

Sin embargo, el problema no solamente radica en que cada usuario deba entregar todos sus datos a la compañía telefónica, so pena de ser cancelada dicha línea en caso de no hacerlo, para los que ya cuentan con una línea, o de no otorgársele en caso de ser nuevo usuario, sino que también, es exigible proporcionar los datos biométricos.

Estos datos biométricos son, de acuerdo a una definición de la Unión Europea: “datos personales que resultan de un procesamiento técnico específico relacionados con las características físicas, fisiológicas y de comportamiento de una persona física, que permite o confirma la identificación única de esa persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos”.

En otras palabras, el artículo de la ley aprobada exige proporcionar a las compañías telefónicas los datos biométricos del usuario, mismos que pueden considerarse desde la huella dactilar, el iris del ojo o el registro de voz, aunque el presidente insista en afirmar que solamente se requerirá la huella dactilar y que debemos confiar en el gobierno, porque jamás utilizarían esa información para la práctica del espionaje.

Al final, dijeron que la pretensión publica, es tener vigilados a los delincuentes que se dedican a la industria del secuestro y la extorsión, pero la realidad es que parece que, en la pretensión gubernamental, estaremos siendo sujetos de vigilancia, todas y todos los que tengamos acceso al servicio de telefonía celular.

De ser cierto lo que señala el periódico el país, de que el gobierno mexicano ha invertido más de 100 millones de pesos en la adquisición de programas para el espionaje masivo de teléfonos móviles, estaremos ante una realidad no imaginada ni por George Orwell en su novela futurista y distópica de 1984.

En el mundo, sólo 17 países cuentan con un padrón similar, y de esos, ninguno es considerado como un país democrático, sino que más bien, se acercan mucho a tener gobiernos de corte autoritario, como Afganistán, Nigeria o Venezuela.

Para muchos especialistas en el tema, la exigencia de proporcionar los datos biométricos constituye un grave riesgo de violaciones a derechos fundamentales, como el derecho a la protección de datos personales, a la intimidad y a la presunción de inocencia, así como a las garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurídica.

Ya un juez otorgó los primeros amparos presentados en contra de la medida que se considera inconstitucional, sin embargo, la presidencia de la república impugnó la suspensión temporal que fue otorgada por el juez a un usuario de telefonía contra el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil.

La lógica me dice que vendrán una cantidad muy importante de amparos indirectos en contra de esta medida, cuya fecha límite para interponerlos es el último día de mayo de este año. Debemos estar pendientes.

*Es politólogo con Maestría en Negociación por la Universidad Carlos III de Madrid, España.

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