Nuevamente Guanajuato aparece como una de las entidades más violentas del país, ahora por la explosión de un artefacto de “fabricación casera” en el exterior de un restaurante bar de Salamanca la tarde-noche del domingo 19 de septiembre, cuyas consecuencias fueron la muerte de dos personas y lesiones a otras cinco.
En un primer momento el gobernador de la entidad calificó los hechos como un «acto terrorista«, sin embargo conforme pasó el tiempo y se dio cuenta del alcance de sus dichos en los medios locales y nacionales, así como en las redes sociales, reculó y cambió el sentido de sus palabras, como tratando de suavizar las cosas.
En su oportunidad el titular del ejecutivo federal condenó el atentado y trató de mantenerlo como un hecho local y sugirió que la investigación fuera atraída por le Fiscalía General de la República, lo cual finalmente no ha sucedido.
Al día siguiente diversos estudiosos del tema (expertos), algunos a favor y otros en contra de los dichos del gobernador guanajuatense, emitieron sus opiniones sobre si realmente se trató de acto terrorista o no, sin lograr consenso alguno, ya que para el grueso de la población se trató de eso.
En este sentido y más allá de lo que finalmente determine el juez federal o local de Guanajuato, donde por cierto está tipificado el delito de terrorismo, vale la pena hacer las siguientes consideraciones.
Decir que un artefacto explosivo es de “fabricación casera” para minimizar sus efectos es engañarse ya que en ninguna fábrica los elaboran en serie para venderlos al público. Los grupos que los han utilizado ellos mismos los han manufacturado y han sido desde un simple petardo que puede acabar con la vida de una persona hasta un coche-bomba como el utilizado en enero de 1994 en Plaza Universidad de la Ciudad de México o los artefactos utilizados en 2007 en Celaya, Guanajuato en contra de los ductos de PEMEX para interrumpir el flujo de gas.
Para calificar de terrorista un acto en el que se utilizan artefactos explosivos no forzosamente debe incluir un componente político o religioso o ambos al mismo tiempo; basta con que la acción genere terror entre la población para que en el imaginario colectivo se dé por cierta tal denominación, como sucede con los grupos criminales vinculados con el tráfico de drogas u otro tipo de mercancías ilícitas.
La eliminación de un adversario o enemigo por razones delictivas o económicas como parece ser el caso de Guanajuato, también puede caer en el supuesto de terrorismo, ya que generan miedo y terror.
En términos de control territorial, un hecho que genera terror a favor de un grupo criminal o una persona allana el camino para conseguir sus objetivos, ya que bastará referir lo sucedido en Salamanca para que sus potenciales víctimas accedan a sus pretensiones.
Las acciones dirigidas en contra de autoridades policiales también deben considerarse como actos terroristas ya que buscan lograr daño, terror y desánimo entre sus filas, como pasó en Ciudad Juárez en julio y septiembre de 2010, donde el objetivo fue la Policía Federal con el saldo de tres personas muertas.
Mientras se aclaran las cosas legalmente, no debe perderse de vista que quienes elaboraron el «regalo» que explotó en Salamanca tienen capacidad para construirlos y manipularlos sin correr mayores riesgos, ya que la manufactura de un artefacto cuyo mecanismo de iniciación es por liberación de presión o bien a control remoto no es cosa fácil, requiere conocimientos técnicos, habilidades y sobre todo experiencia, independientemente si la carga principal del artefacto es pólvora negra o alto explosivo.
Ojalá pronto autoridades locales y federales encuentren a los verdaderos responsables y no solo “chivos expiatorios”, sobre todo porque las prisas son muy malas consejeras y hacen titubear hasta el más docto en la materia, me refiero al Fiscal de Justicia de Guanajuato cuando respondió algunas preguntas relacionadas con los hechos ante los micrófonos de la radio local a propósito de las primeras investigaciones y posteriormente sobre los detenidos.
No vaya a ser que ponga en “charola de plata” su cargo ante el presidente de la República, que desde hace varios meses está a la espera que cometa un error para pedir por última vez su renuncia, ya que hasta ahora las cosas no cuadran del todo, hay muchas preguntas sin respuesta y la teoría del caso no tiene la suficiente solidez como para asegurar el puesto.
Mientras todo esto sucedía en Guanajuato, en Puebla se registraba un evento similar en la colonia Real Guadalupe, solo que éste no tuvo consecuencias fatales, sin embargo confirma que los malos ejemplos son más fáciles de replicar que los de provecho.
No es la primera vez que un caso que se registra en Guanajuato tiene eco en Puebla, en abril de 2020 en San Pedro Cholula fueron encontrados artefactos explosivos pertenecientes a grupos que operan en la región del Bajío y hasta ahora poco se sabe al respecto.
Ojalá que lo sucedido en la colonia Real Guadalupe no sea la segunda llamada, porque la tercera podría tener alcances mayores y significaría el inicio de un eventual teatro de operaciones.
