No obstante, el abogado aún deberá permanecer en el Reclusorio Norte, debido a que enfrenta otros procesos penales por delitos del fuero federal y común.

Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de control con residencia en el Reclusorio Norte, resolvió no vincular a proceso a Collado Mocelo, al argumentar que el delito de fraude no podía sostenerse, debido a que nunca existió una querella previa a resolver su situación jurídica, un requisito indispensable para la persecución del fraude.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), la tiene hasta el próximo lunes para apelar el fallo, Juan Collado presentó una denuncia contra sí mismo para conseguir el no ejercicio de la acción penal y usar esta determinación ministerial para descongelar en 2018 las cuentas bloqueadas.

A nivel federal a Collado se le acusa de defraudación fiscal, así como por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que el gobierno de Chihuahua le imputa el delito de peculado.

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En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal dijo que la Secretaría de Hacienda tiene listo un acuerdo para que el abogado, si así lo desea, regrese dinero y así pueda obtener un posible beneficio, similar al de Alonso Ancira de Altos Hornos de México.

“Me plantearon que sí había posibilidad de que él pudiera defenderse y salir de la cárcel, incluso sus hijos, por respeto a la familia y todo, yo lo que dije es que repare el daño, que devuelvan el dinero.

“Me acuerdo que, no se antes o después de eso, me mandó a decir que quería entregar 500 millones de pesos para la compra de unos boletos del avión presidencial y a la persona que me dijo le dije: no es a mí que tiene que dar o al gobierno, tiene que llegar a un acuerdo con la Fiscalía de reparación de daño, y por ley la Fiscalía todo lo que recupera lo tiene que entregar al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado”.

El mandatario recomendó a Juan Collado no hacer campañas mediáticas para tratar de defenderse porque ya no es el tiempo de antes.

“Le diría al señor (Collado) que no esté pensando que (Carlos) Salinas es su amigo, y tiene mucha influencia, que eso le va ayudar. Si él cometió un error, está demostrado y tiene ese dinero en el extranjero, que repare un daño y que busque un acuerdo, eso le recomendaría, pero intentar mediante una campaña mediática defenderse, ya no es el tiempo de antes, que sus abogados vaya a la Fiscalía, el Fiscal los atendería, sobre todo a los familiares, porque siempre hay que tener consideraciones con los familiares”.

Respecto del exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, acusado por Juan Collado de intentar extorsionarlo, el mandatario consideró necesario que aclare esta situación.

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Además de Juan Araujo están citados los abogados César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez, socios del despacho “Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá”, quienes deberán comparecer por videoconferencia a audiencia inicial el próximo 28 de febrero ante el juez de control José Rivas González, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

La FGR busca imputar penalmente a los abogados por supuestamente coludirse para exigir cantidades millonarias de dinero a potenciales clientes bajo el argumento de que tienen contactos con altos mandos de la Fiscalía y el gobierno federal, entre ellos, el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer.

Además que el dinero producto de estos pagos, que no eran parte de los honorarios de los abogados, fue triangulado a través de prestanombres para blanquear su origen ilícito.

El despacho “Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá” ha llevado la defensa en casos como el de Agronitrogenados, La Estafa Maestra e incluso participó en las negociaciones que supuestamente tuvo el abogado Juan Collado con la FGR para conseguir un criterio de oportunidad.

Todos estos asuntos han sido impulsados ante el Poder Judicial de la Federación por la administración López.

El diario El Universal indicó que este asunto forma parte de la estrategia de la FGR contra Julio Scherer, también señalado por Inés Gómez Mont, actualmente prófuga de la justicia, por haber recibido una residencia en Acapulco como pago de supuestos favores legales.

Scherer, sin embargo, respondió en una carta, negando haber recibido inmueble alguno y dijo no conocer a la conductora ni a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

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De acuerdo con el periodista Carlos Loret de Mola, reveló en su columna de El Universal que “fuentes de primer nivel” aseguran que en Palacio Nacional estaría «fraguándose la confesión del abogado Juan Collado, conocido como el abogado del poder político en México, quien se encuentra preso desde julio de 2019.

Para ello, el gobierno tiene contacto con la defensa legal de Collado Mocelo, encabezado por Juan Araujo. El planteamiento del gobierno es que, a cambio de ser dejado en libertad, Collado entregue dinero y firme una declaración política en la que relate “cómo se orquestó el fraude electoral de 2006”, explicó una de las fuentes al periodista.

Loret de Mola señaló que el relato de Collado haría énfasis en el episodio de los videoescándalos de 2004, cuando el empresario Carlos Ahumada grabó a varios integrantes del primer círculo lopezobradorista mientras les daba dinero en efectivo, entre ellos, su exsecretario particular, René Bejarano.

El objetivo de esta declaración ministerial -destacó Carlos Loret de Mola- es validar la postura de Andrés Manuel López Obrador de que fue víctima de una conspiración fraudulenta que le arrebató la Presidencia en el 2006. Qué nombres incluir y bajo qué acusaciones, es parte también de lo que se está consensando entre las partes.

A Juan Collado “se le congelaron más de 80 millones de dólares en Andorra, y parte de la negociación es saber cuánto tendría que depositar al gobierno federal asumiendo que se trata de fruto de actos de corrupción que salpican (a) toda la era PRIAN (como dice el presidente AMLO), que incluye los sexenios desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto”, escribió el columnista.

Loret de Mola concluyó su columna asegurando que entre las cosas que se están terminando de negociar es que el arreglo entre Palacio Nacional y Juan Collado tenga el visto bueno de la Fiscalía General de la República.

A inicios del pasado mes de septiembre, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que a través de Juan Collado, se habrían desviado 13.7 millones de pesos del erario de Chihuahua, para “cumplir” un compromiso que el exgobernador de la entidad César Duarte, tenía con el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

De acuerdo con Corral Jurado, César Duarte Jáquez buscaba la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por lo que quería el impulso del ex presidente .

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Luego del desahogo de pruebas de la Fiscalía estatal chihuahuense, la jueza Guadalupe Hernández determinó estas como válidas al acreditar la simulación de contratos por servicios legales no proporcionados.

El Ministerio Público del fuero común solicitó un tiempo de cuatro meses para las investigaciones complementarias, en tanto que al imputado se le impuso prisión preventiva como medida cautelar.

De acuerdo con la causa penal 778/2020, Juan Collado, junto a diversos servidores públicos y personas externas concertaron y sustrajeron 13 millones 780 mil pesos del erario, según el Ministerio Público.

Así, aunque se realizaron los pagos por transferencias bancarias, los servicios profesionales nunca fueron prestados al gobierno estatal.

La audiencia de formulación de imputación se realizó el miércoles a las 11 horas y concluyó el jueves a las 6 horas, para dar paso a la audiencia de vinculación a proceso de ayer.

Apenas el sábado, Collado Mocelo libró la vinculación a proceso por el delito de defraudación fiscal equiparada por 36 millones de pesos, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) no pudiera acreditar con información suficiente este delito.

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Sin embargo, el juez dejó vigente el derecho de la FGR de reiniciar la investigación, por lo que eventualmente el Ministerio Público Federal podría imputar el mismo asunto.

El abogado de Collado, Javier López, explicó que el Ministerio Público federal no pudo acreditar con información suficiente el presunto daño fiscal causado por la omisión del pago de impuestos correspondiente al año 2015.

“Determinaron que no era procedente vincular a proceso, es decir se dictó un auto de no vinculación al considerar que no había los elementos suficientes para determinar que había la omisión de algún impuesto.

“Presentamos dictámenes periciales y confróntanos las ofrecidas en su momento, desahogadas por la fiscalía. Faltó documentación y no se puede determinar sin toda esa documentación una contribución omitida”, dijo Javier López a Milenio tras la audiencia que duró 23 horas.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó como evidencias depósitos bancarios y documentos contables, que de acuerdo con su criterio documenta un presunto delito de defraudación fiscal por 36 millones de pesos del ejercicio fiscal de 2015.

Aunque para este caso no procedió la vinculación a proceso, Juan Collado seguirá en prisión por dos investigaciones en su contra, una por delincuencia organizada y lavado de dinero y la segunda por fraude.

Por otro  lado este domingo se resolverá una tercera acusación que formuló la Fiscalía de Chihuahua por el delito de peculado, por más de 13 millones de pesos.

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Tras 20 horas de una audiencia en la que se determinaría si a Collado se le procesaría por los delitos tráfico de influencias y contra la administración de la justicia, un juez federal con sede en el Reclusorio Norte dio un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Collado, la semana pasada, de presuntamente gestionar el envío de un archivo una investigación por lavado de dinero con el fin de descongelar cuentas por 76.5 millones de euros que tenía en Andorra.

La acusación también involucra el delito de fraude por 36 millones de pesos del ejercicio 2015.

“Vamos hacer todo lo posible por esclarecer que no hay ningún hecho delictivo (…) solamente por fraude”, dijo Javier López, abogado de Juan Collado.

El hoy preso es procesado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Los problemas no acaban ahí, pues la Fiscalía de Justicia de Chihuahua ejecutó una orden de aprehensión contra Collado Mocelo por el presunto desvío de 13.5 millones de pesos durante la la administración del exgobernador César Duarte Jáquez, detenido actualmente en Florida.

Desde julio de 2019, Collado está preso en el Reclusorio Norte de Ciudad de México como presunto responsable de delincuencia organizada y lavado de dinero.

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La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a quien fuera abogado del expresidente Enrique Peña Nieto y al extitular de la Coordinación General de Investigación (CGI), de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR, Alberto Manuel Alcántara, quien presuntamente archivó una indagatoria por lavado de dinero en contra del hoy detenido.

La acusación contra el exmando de la PGR es por presunta intervención ilegal para buscar que en Andorra se liberaran 76.5 millones de euros que habían sido bloqueados a Collado.

En caso de que se le vincule a proceso, Juan Collado estaría enfrentando dos causas penales.

Por otra parte, el próximo 4 de septiembre se definirá si el abogado es procesado por defraudación fiscal por 36 millones de pesos.

Collado fue detenido en julio de 2019 y actualmente enfrenta un proceso por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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Collado y Alberto Manuel Alcántara, quien hasta el año pasado era titular de la Coordinación General de Investigación (CGI) habrían realizado gestiones indebidas por tratar de descongelar en Andorra 76.5 millones de euros del abogado.

De acuerdo con el periódico Reforma, el delito de tráfico de influencias se castiga con entre 2 y 6 años de cárcel y una multa que va de los 30 a los 100 días.

Por delitos contra la administración de la justicia puede alcanzarse una pena de prisión de hasta ocho años.

Ninguno de los delitos mencionados amerita prisión preventiva oficiosa.

El rotativo cita información del Poder Judicial de la Federación que indica que Juan Collado y Alberto Manuel Alcántara comparecieron el miércoles ante un juez de control del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte y solicitaron duplicar el plazo legal para que les definan si serán o no vinculados a proceso.

En marzo de 2015, se congelaron todas las cuentas bancarias de la Banca Privada d’Andorra (BPA) debido a que Estados Unidos acusara a la institución de financiar a las mafias rusa y china y de lavar activos.

Debido a este bloqueo se inmovilizaron 76.5 millones de euros u 85.2 millones de dólares que pertenecían a Juan Collado.

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Por ello, el juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez ordenó diferir la audiencia hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.

Esta nueva investigación señala al abogado Juan Collado de no pagar el Impuesto Sobre la Renta de sus ingresos totales del año 2015, lo que generó un daño al fisco calculado por un monto aproximado de 36 millones de pesos.

Si Collado es vinculado a proceso por esta imputación, se sumaría a los otros dos delitos que la FGR tiene en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero.

La defensa de Collado solicitó el diferimiento de la audiencia con el argumento de que la FGR les entregó un disco con información financiera recabada en la investigación pero que ellos no pudieron abrirlo en sus computadoras.

Aunque la FGR les dio el disco nuevamente ayer, los abogados indicaron que no terminaron de leer en su totalidad la información y que por ello no conocen toda la carpeta, lo que podría vulnerar el derecho a la debida defensa.

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