La Casa Blanca afirmó ante el Congreso de Estados Unidos que las hostilidades con Irán “cesaron”, pese a que continúa la presencia de las fuerzas armadas en la región.
Así lo dio a conocer la institución este viernes, a través de una carta, en la que el presidente Donald Trump elidió el plazo legal del 1 de mayo para obtener la aprobación del Congreso para continuar la guerra con Irán. Y es que esta fecha le obligaba a obtener autorización legislativa para continuar el conflicto bélico iniciado el 28 de febrero pasado.
La carta, dirigida al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al presidente pro tempore del Senado, Chuck Grassley, fue enviada exactamente al cumplirse los 60 días desde que Trump notificó formalmente al Legislativo el inicio de las operaciones militares contra Irán, el umbral que establece la Resolución de Poderes de Guerra de 1973.
La ley en cuestión exige al presidente poner fin al uso de las Fuerzas Armadas en ese plazo, salvo que el Legislativo declare formalmente la guerra o autorice una prórroga de hasta 30 días para la “retirada ordenada” de tropas. En este caso, el Congreso no tomó ninguna de esas medidas: el Senado rechazó por sexta vez el jueves un intento demócrata de detener el conflicto y los legisladores abandonaron Washington ese mismo día de vacaciones por una semana.
Según la actual administración, el plazo de este viernes no aplica porque las hostilidades concluyeron cuando entró en vigor un cese al fuego, por lo que “no ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril”.
Sin embargo, la carta de Trump reconoció que la amenaza iraní “sigue siendo significativa” pese al cese al fuego, y que las operaciones apuntan a “asegurar una paz duradera”. Al respecto, es importante señalar que, este mismo viernes, Trump rechazó la nueva propuesta de paz que le envió Irán a través de Pakistán.
Aunque no dio detalles del contenido, el mandatario expresó que “no estaba satisfecho” con lo planteado por su adversario.
Ante la declaración, senadores demócratas rechazaron la postura y acusaron al gobierno de intentar evitar el control legislativo sobre la guerra.
Los demócratas sostienen que la ley de 1973 no contempla un alto el fuego como mecanismo automático para terminar la aplicación del plazo legal.
