Un grupo de animalistas entregó en la Oficialía de Partes del Congreso estatal una solicitud para que los integrantes de la 66 Legislatura discutan y voten la propuesta que busca prohibir las corridas de toros, la cual cumplió más de un año que se presentó y permanece en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
Así lo indicaron después de mostrar una lona con el mensaje: “En Hidalgo, las violentas corridas de toros son ilegales”, además de que se disfrazaron de toreros, mientras que otra persona portó una máscara de toro afuera del recinto legislativo.
Consideraron que no es viable realizar una consulta en los pueblos originarios para conocer su opinión sobre el tema, debido a que ya está establecido en la Constitución, en el artículo cuarto que se prohíbe cualquier acto de maltrato en contra de los animales, sin excepción de especie.
Paola Monterrubio, presidenta de la Asociación Hidalguense para la Protección de los Animales, aseveró que en la Carta Magna se establece que el Estado tiene la obligación de garantizar su bienestar.
La activista rechazó la iniciativa del diputado priista Marco Antonio Mendoza, quien presentó una iniciativa que busca reconocer a las corridas de toros, las peleas de gallos, entre otras actividades, como patrimonio cultural inmaterial.
Jerónimo Sánchez, director de Animal Heroes, aseveró que la Constitución es clara al exponer que está prohibido el maltrato animal y que la norma mexicana NOM-033 establece que el sacrificio de los animales debe realizarse disminuyendo el dolor, el estrés y causando el menor sufrimiento posible, lo cual no ocurre en las corridas de toros.
Agregó que para la defensa de los toros, han ingresado 25 amparos, sin embargo los recursos legales en los que se han concedido suspensiones en diferentes estados han sido otorgados debido a violaciones a las normas mexicanas.
Animalistas buscan intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
La Confederación por los Derechos de los Animales informó en un boletín que solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que intervenga y atraiga los juicios con los que se busca terminar con la tauromaquia en Hidalgo, Aguascalientes, Jalisco, Nuevo León, Guanajuato y Baja California.
Explicaron que la facultad de atracción es un mecanismo jurídico que permite a la Corte conocer asuntos que aún no son de su competencia originaria y que resultan relevantes por su impacto social o complejidad.
Los promoventes manifestaron su confianza en que el máximo tribunal pueda atraer los casos y emitir una resolución que establezca precedentes en materia de derechos de los animales en el país.
