No hay peor cáncer para un estado que la impunidad. El delito sin castigo corroe, destruye, debilita y desalienta. México lo ha padecido y lo sufre día a día.
Nuestra historia está llena de capítulos oscuros donde la impunidad siempre ha sido el actor fundamental.
Aún buscamos a los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa sin noticias sobre su vida. 40 mil víctimas esperan que se conozca su paradero por sus familias. 274 cuerpos recorren las calles de la segunda ciudad más importante del país, congelados en un tráiler porque no “tiene cabida” en un instituto de ciencias forenses.
“En el país no pasa nada” es una frase que se repite a cada momento entre los mexicanos. Y tal parece que sí.
En esta semana que terminó nos enteramos que la justicia tuvo un precio, 58 mil 890 pesos fue el valor que se puso cuando el ex gobernador de Veracruz, acusado presuntamente de haber saqueado a su estado, recibió una sentencia que podría liberarlo en tres años.
Javier Duarte, extraditado desde Guatemala por enriquecimiento ilícito y corrupción recibió un regalo, su próxima libertad sin siquiera responder por las acusaciones que le han hecho desde el propio estado de Veracruz, la Procuraduría General de la República y la opinión pública.
Para el juez que lo sentenció no importaron los más de 40 mil millones de pesos que se le acusa de haber utilizado indebidamente, tampoco la presunta acusación de haber propiciado darle agua en vez de medicinas a niños enfermos de cáncer.
Para este impartidor de justicia solo valió una decisión procedimental en las leyes mexicanas.
Y quizás tenga razón si nos remitimos a lo que dice la ley, la cual no contempla como delito grave la corrupción de gobernantes. Finalmente ellos hacen las leyes y ellos mismos se protegen.
Estamos padeciendo un sistema político que sabe premiar al que aguanta y no raja. Las leyes pagan y así lo estará recibiendo Duarte cuando en un breve lapso de tiempo pueda estar libre.
Javier Duarte pertenecerá a esas páginas históricas donde están grabados con letras de oro personajes como Elba Esther Gordillo, Napoleón Gómez Urrutia, Raúl Salinas de Gortari y muchos más, a quienes las leyes vigentes los liberaron de toda culpa pero que jamás respondieron por las acusaciones que se les hacía.
México necesita de una refundación legal. No hablo de nuevas leyes sino de aplicarlas correctamente en contra del infractor y en beneficio de los ciudadanos.
Son muchas las decepciones que nos llevamos quienes sabemos de las corruptelas de nuestra clase política pero que nunca son castigadas. Son muchos los enojos que sentimos cuando vemos la facilidad con la que burlan la justicia los políticos.
Urge acabar con este mal que aqueja a México. Hay que recordar las palabras de poeta trágico griego Sófocles que decía “que un estado donde queden impune la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo”.
La verdadera transformación debe de empezar por un combate real a la impunidad que tanto daño le hace a nuestra nación.
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