Esto luego que la Fiscalía General de la República (FGR) emitió una tarjeta informativa en el que señaló que el exfuncionario no ha realizado el pago.

“En relación con la reparación del daño, Emilio Lozoya Austin siempre ha manifestado su firme decisión de cubrir íntegramente los montos solicitados por las distintas autoridades”, informó el abogado Miguel Ontiveros Alonso en un comunicado.

Indicó que respecto a los casos Odebrecht y Agronitrogenados, su cliente ratifica su disposición de cubrir el monto de la reparación del daño que, para los dos casos, han solicitado las víctimas y que ha sido aprobado por el Consejo de Administración de Pemex.

“De ahí que el compromiso de Emilio Lozoya Austin con las víctimas, la Fiscalía General de la República y la instituciones del Estado mexicano sea firme, sólido y permanente”.

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A finales de abril, Lozoya Austin, preso en el Reclusorio Norte, recurrió a la protección de la justicia contra la sentencia del 6 de abril del Tercer Tribunal Unitario en materia Penal, quien confirmó la medida cautelar de prisión preventiva justificada dictada por el juez José Artemio Zúñiga Mendoza, en su resolución del 26 de enero de 2022.

Aunque el recurso se admitió a trámite, el Tribunal Unitario no concedió a Lozoya Austin la suspensión, debido a que no la solicitó, además de que no es procedente decretarla de manera oficiosa.

El Tribunal programó la audiencia constitucional para el 15 de junio, fecha en la que resolverá si le otorga el amparo a Lozoya Austin.

Por otra parte, el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal, admitió a trámite la demanda de garantías que promovió Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio, contra la nueva orden de aprehensión que se libró en su contra el pasado 4 de abril de este año por el caso de la planta chatarra Agronitrogenados.

El próximo 20 de junio se resolverá si se le otorga la protección de la justicia federal a la hermana del exdirector de Pemex.

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Cuestionado sobre el tema durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario reveló que él ordenó que se investigará sobre los posibles daños al erario federal causados por el «acuerdo» con Odebrecht y la compra de la planta de Agronitrogenados a AHMSA, lo que provocó la cancelación del acuerdo que habían alcanzado Pemex y el priista.

“Yo creo que lo estaban considerando como daño era lo que supuestamente Odebrecht le dio al señor Lozoya (como soborno), por eso se hablaba de 10 millones de dólares. Pero la instrucción que di es que se revise bien sobre daños patrimoniales, si existen, que no se hagan las cosas a la ligera”, mencionó AMLO.

“Eso por un lado y lo segundo es que informe sobre cómo se utilizó el dinero. Porque en su declaración y por eso se le dio el carácter de testigo protegido, dijo que el dinero que salió de Odebrecht se le entregó a legisladores del PAN para que aprobaran la Reforma Energética. Él tiene que probar eso y la Fiscalía tiene que actuar”, sentenció.

Sobre la cantidad que se le estaría solicitando a Lozoya Austin como reparación del daño, López dijo que aún no se determina un monto exacto, pues primero se tiene que hacer una auditoria sobre el posible daño patrimonial.

“Son las dos cosas: la reparación del daño y que dé toda la información y las pruebas sobre los sobornos que entregaron para llevar a cabo la reforma energética”, exigió.

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Además de Juan Araujo están citados los abogados César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez, socios del despacho “Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá”, quienes deberán comparecer por videoconferencia a audiencia inicial el próximo 28 de febrero ante el juez de control José Rivas González, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

La FGR busca imputar penalmente a los abogados por supuestamente coludirse para exigir cantidades millonarias de dinero a potenciales clientes bajo el argumento de que tienen contactos con altos mandos de la Fiscalía y el gobierno federal, entre ellos, el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer.

Además que el dinero producto de estos pagos, que no eran parte de los honorarios de los abogados, fue triangulado a través de prestanombres para blanquear su origen ilícito.

El despacho “Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá” ha llevado la defensa en casos como el de Agronitrogenados, La Estafa Maestra e incluso participó en las negociaciones que supuestamente tuvo el abogado Juan Collado con la FGR para conseguir un criterio de oportunidad.

Todos estos asuntos han sido impulsados ante el Poder Judicial de la Federación por la administración López.

El diario El Universal indicó que este asunto forma parte de la estrategia de la FGR contra Julio Scherer, también señalado por Inés Gómez Mont, actualmente prófuga de la justicia, por haber recibido una residencia en Acapulco como pago de supuestos favores legales.

Scherer, sin embargo, respondió en una carta, negando haber recibido inmueble alguno y dijo no conocer a la conductora ni a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

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Con esta resolución, Emilio Lozoya tiene un pie fuera de la cárcel, siempre y cuando hoy José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, deje sin efecto la prisión preventiva justificada en el caso Odebrecht y ordena otra medida cautelar.

Isabel Cristina Porras Odriozola, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, resolvió que no procede el amparo contra el fallo de Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, magistrada del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, quien el pasado 21 de noviembre ordenó el cambio de medida cautelar para que Emilio Lozoya se le coloque un brazalete electrónico y enfrente su proceso fuera de la cárcel solo por lo que hace al caso de Agronitrogenados.

“Se llega al convencimiento de que, la resolución emitida por el tribunal de alzada responsable que por una parte modificó la decisión dictada en audiencia de revisión de medidas cautelares…no genera una transgresión directa al patrimonio de la persona moral ofendida”, señaló.

UIF impugnará

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que impugnará el desechamiento del amparo que promovió contra la orden de liberar a Emilio Lozoya.

La UIF, encabezada por Pablo Gómez, indicó que promovió el amparo en su calidad de parte ofendida en el proceso penal que se sigue contra Lozoya por el caso Agronitrogenados y no como persona moral.

Consideró que la resolución del Tercer Tribunal Unitario, en la que declaró que el patrimonio de la UIF no resulta perjudicado con la orden de liberar a Lozoya, no fue correcta.

En consecuencia, indicó que presentará un recurso de queja contra la resolución del Unitario mismo que deberá ser resuelto por un Tribunal Colegiado.

Lozoya promueve otro amparo

Por su parte, Lozoya promovió un nuevo juicio de amparo contra cualquier orden de detención que se haya librado en su contra “sin causa legítima y fuera del procedimiento judicial”.

Con ello, Lozoya busca que no se obstaculice su hipotética libertad que la tarde de este miércoles definirá el juez de Control José Artemio Zúñiga, en audiencia que se celebrará en el Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte.

Lozoya promovió el amparo ayer martes, es decir, apenas unas horas después de que un Tribunal Unitario ordenó revisar la medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso por el caso Odebrecht.

Juan Mateo Brieba de Castro, Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, admitió a trámite el juicio de amparo, pero no concedió la suspensión, debido a que el exservidor público no la solicitó.

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Fuentes citadas por Animal Político señalaron que un Tribunal federal consideró que la decisión de encarcelarlo no estuvo bien fundamentada por parte del juez de control Artemio Zúñiga, por lo que ordenó que se lleve a cabo una nueva audiencia en la que se revise la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) de someterlo a esta medida cautelar.

La audiencia en la que el juez de control del Reclusorio Norte revisará si deja libre a Lozoya, o no, será mañana, miércoles 25 de agosto, a las 13:30 horas.

Si el juez decide ya no dictar la prisión preventiva en su contra esto significaría la libertad inmediata del exfuncionario federal dado que, previamente, ya había conseguido que se le retirara la misma medida que se le había impuesto por el caso Agronitrogenados.

El juez había decidido encarcelar de forma preventiva a Lozoya en el Reclusorio Norte a petición de los fiscales de la FGR, y de los representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Pemex.

Los abogados del exdirector de Pemex han insistido en que las prisiones preventivas que se le impusieron por ambos procesos son injustificadas, pues el exfuncionario no había violado las medidas que previamente se le impusieron como la portación de un brazalete o firmar una hoja de control mensualmente.

Sin embargo, el proceso penal en contra de Lozoya continúa en curso y la FGR ya le solicitó al juez que sea llevado a juicio, se le declare culpable y se le imponga una pena de hasta 39 años de prisión. Si el exdirector de Pemex no logra alcanzar un acuerdo, podría enfrentar juicio por uno o los dos procesos penales iniciados en su contra este mismo año.

Con información de Animal Político

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Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), liderada por Pablo Gómez, no ha terminado contra el exfuncionario público, y ahora exigirá respuestas a los excéntricos viajes que realizó a lo lago de 10 años.

A través del diario Milenio, se dio a conocer que la UIF señala al ex director General de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por convertirse en todo un viajero, con destino principalmente a Europa, a lo largo de 10 años.

Sus destinos favoritos fueron Estados, con 85 visitas, así como Alemania, con 42 viajes; además, en 40 de estos, habría utilizado un vuelo privado para trasladarse, apuntó el periodista José Antonio Belmont.

Para aumentar acusaciones en los sospechosos traslados, la UIF apuntó que son exactamente 214 vuelos en una década, mismos que tuvieron como destino algunas ciudades europeas como París, Londres, Ámsterdam, Múnich, Fráncfort, Madrid; Estadounidenses como Miami, Nueva York o Washington; y América Latina, como Argentina.

Los viajes comienzan a contabilizarse a partir de 2010, dos años antes de ser nombrado director General de Pemex por Enrique Peña Nieto, pero llegados a ese punto, la cosa no cambia. El medio de circulación nacional informó que durante su gestión al frente de la estatal mexicana, tuvo un total de 54 viajes internacionales.

De acuerdo con Milenio, en la denuncia de la UIF se indica que todos estos viajes no pudieron ser pagados con el sueldo del funcionario, quien entre 2013 y 2015 percibía supuestamente un salario superior a los 220 mil pesos.

Pero la UIF documento, además, que durante algunos de los viajes incluso lo acompañaban sus hijos Luca, Amaya Katharina y Leni Marie Lozoya Eckes, por lo que los costos aumentaban considerablemente.

Pero en fechas recientes, la UIF hizo una denuncia completamente diferente, la unidad de Pablo Gómez dio a conocer que los gastos de Lozoya en sus tarjetas aumentaron estratosféricamente de 2013 a 2018 aproximadamente, periodo que coincide con su nombramiento en Petróleos Mexicanos (Pemex), informó el dio Milenio.

Antes de dicho periodo, sus movimientos registraban un rango de los 100 a los 200 mil pesos, mismos que aumentaron para 2016 hasta los 916 mil 245 pesos mensuales, informó el periodista José Antonio Belmont.

Los montos incrementaron constantemente:

° Para 2017 ya igualaban el millón de pesos, o incluso superiores y constantes.

° 2018 no tuvo precedentes, los movimientos alcanzaron los 8 millones 811 mil 344 pesos.

Dicha denuncia se habría hecho todavía bajo las órdenes de Santiago Nieto, y persigue la incongruencia de un ex funcionario que teniendo un salario de 200 mil pesos, gastaba hasta más de 300 mil, informó el medio.

Además, enlista también las cosas más extraordinarias y los lujos faraónicos de Lozoya. Tal es el caso de cuatro relojes de 160 mil pesos en total, o una compra titulada “Obras diversas” que alcanzó los 300 mil.

En lo anterior, destacan cuadros de Salvador Dalí, y Pablo Picasso, así como cuatro piezas de Luis Zárate. En total, suman aproximadamente 900 mil dólares, o más de 18 millones de pesos.

Los datos comienzan a descuadrar para las autoridades cuando su sueldo percibido, por lo menos hasta 2016, fue de apenas 8 millones 22 mil 198 pesos por concepto de salario.

Lo que busca la UIF, en primera instancia es que la Fiscal María de la Luz Mijangos, autorice el congelamiento de sus cuentas bancarias por el momento y hasta cuando terminen las indagatorias.

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Durante una audiencia en el reclusorio Norte, donde permanece el exfuncionario, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, José Artemio Zúñiga Mendoza, rechazó dar más plazos a Lozoya, cuya defensa había solicitado más tiempo.

“Ya no, bajo ninguna (circunstancia) voy admitir una ampliación más. Cualquier solicitud sede ampliación de plazo de investigación voy a desecharlo. Ya no más, ya. Ya no más plazos”, dijo.

La defensa de Emilio Lozoya, encabezada por Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso, solicitó 15 de 30 días para realizar actos de investigación, y recabar documentales sobre la empresa Yara, la cual en su momento hizo una oferta para adquirir la planta de Agronitrogenados por mil millones de dólares.

Emilio Lozoya dijo que para una adecuada defensa solicitaba los 15 días para llevar a cabo los actos de investigación que sería vital en otra etapa, en caso de que no se logre un acuerdo.

Asimismo, la defensa solicitó la ampliación para recabar las traducciones de los estados bancarios de diversas empresas y las actas de cómo fue que Pemex participó en la compraventa de la planta.

El juzgador sólo otorgó el plazo para el próximo 17 de diciembre, sólo porque la FGR no ha entregado algunas copias a la defensa del ex funcionario, pero advirtió que este es el último plazo.

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Según funcionarios judiciales, la petición de un plazo adicional de investigación fue realizada ayer. Ante esta situación, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza, convocó al equipo de abogados de Emilio Lozoya, y a la Fiscalía General de la República (FGR), para tratar el tema en audiencia este miércoles a las 10 horas.

En la última diligencia, realizada en noviembre, la FGR se opuso a que Emilio Lozoya se le concediera más plazos, pero el juez le otorgó un periodo de 14 días más para que reuniera documentales sólo por el caso de la planta de chatarra de Agronitrogenados.

En esa ocasión, el abogado Alejandro Rojas Díaz Pruneda manifestó ante el juez de control que la FGR no había entregado toda la información del caso y que les faltaban tres tomos. Ahora, el plazo para el mencionado asunto y de Odebrecht vencieron el 3 de diciembre.

Lozoya busca garantizar con un pago de 5 millones de dólares la reparación del daño en ambos casos, aunque él ha dicho que esto no quiere decir que sea culpable, sino que solo busca cooperar.

En el caso de la planta chatarra, la reparación se cubriría con una casa cuyo valor supera los 3.4 millones de dólares, para lo cual su defensa ha tratado de entrevistarse con el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza.

Mientras que por el caso Odebrecht, se pretende entregar dos inmuebles con valor de 1.6 millones de dólares. Emilio Lozoya enfrenta la medida cautelar de prisión preventiva justificada en ambos procesos penales.

Por Agronitrogenados, la FGR pidió la medida cautelar porque aseguró que existe riesgo fundado de fuga por la amistad que Lozoya Austin mantiene con el expresidente Enrique Peña Nieto y con Alonso Ancira Elizondo, exdueño de Altos Hornos de México (AHMSA), y otros empresarios.

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De acuerdo con Alejandro Rojas Pruneda, abogado de Lozoya, la defensa ya presentó dos recursos de apelación con los que buscan que sean revocadas las medidas que mantienen preso al exfuncionario.

Los recursos deberán ser resueltos por un tribunal federal de apelación para definir si fue o no legal que se modificara la medida de libertad condicional de la que Lozoya gozó por más de un año.

Las medidas fueron modificadas en audiencias del 3 y 10 de noviembre a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) bajo el argumento de que existe riesgo de fuga.

En el caso Odebrecht la FGR indicó que en agosto pasado recibió la traducción de los estados de cuenta de una empresa vinculada a Lozoya en los que se detectó que el ex funcionario tiene acceso a dos millones de euros.

Añadió que el hecho de que el exdirector de Pemex fuera exhibido en redes sociales cenando en un lujoso restaurante en la Ciudad de México demostraba un comportamiento procesal “poco pudoroso”.

La defensa argumentó que Lozoya no estaba impedido para visitar los lugares que quisiera dentro de la Ciudad de México y zona conurbada.

En el caso Agronitrogenados la FGR solicitó la medida de prisión preventiva justificada para adecuarla a la que ya le había sido impuesta a Lozoya por la causa penal de Odebrecht.

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