«Se concede la suspensión provisional«, estableció al fallo del Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil y de Trabajo con sede en el estado de Nuevo León, donde la compañía tiene un centro de distribución.

Mary Kay es una de las primeras grandes empresas en ampararse contra la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y otras cinco leyes que promulgó el gobierno el pasado 24 de abril para limitar el «outsourcing«, que considera herencia del «periodo neoliberal«.

El esquema, que surgió con la reforma laboral de 2012 del expresidente Felipe Calderón, permitía a una empresa delegar a una tercera la prestación de servicios para una reducción de hasta 50 por ciento de costos.

Aunque de esa modalidad dependían más de 5 millones de trabajadores, el presidente Andrés López la tachó de «abusiva» y la Procuraduría Fiscal estimó que más de 6 mil empresas de subcontratación ilegal evadían al fisco por más de 21 mil millones de pesos al año.

El amparo de Mary Kay, que realiza venta por catálogo, sorprendió porque las principales cámaras del sector privado, agrupadas en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ya llegaron a un acuerdo con López y los sindicatos en una reunión el 5 de abril.

La jueza María del Carmen Leticia Hernández no detalló públicamente los argumentos para conceder el recurso a la compañía y fijó para el próximo viernes la audiencia incidental en la que determinará si concede una suspensión definitiva, según el expediente 736/2021.

Desde la publicación de la reforma, las compañías tenían 90 días para regularizar a su personal y eliminar los esquemas de «outsourcing«.

Con el recurso, Mary Kay podrá seguir por ahora con la externalización que tenía antes de la nueva legislación.

La batalla legal ocurre mientras sindicatos estadounidenses han iniciado las primeras quejas bajo el nuevo Tratado de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al detectar empresas que presuntamente no cumplen con el respeto a los derechos laborales y de asociación.

Durante su visita esta semana a México, la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, ofreció el apoyo de su país a los sindicatos nacionales para proteger sus derechos, incluyendo un paquete de 130 millones de dólares para que el gobierno implemente la reforma laboral.

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Este fue avalado con 118 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones. Ahora los legisladores lo discuten en lo particular.

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El presidente Andrés López informó que la iniciativa que envió inicialmente al Congreso de la Unión, se modificará y se discutirá con todos los cambios acordados con la IP hasta el próximo Periodo Ordinario de Sesiones, que inicia en febrero de 2021.

“Hemos decidido, después de solicitudes de diálogo y de consulta que hizo el sector empresarial y también el sector obrero, que se inicie un proceso para llegar pronto a un acuerdo sobre estos dos temas, subcontratación y reparto de utilidades, escuchándonos todos y poniendo por delante siempre el interés general, en este caso, en beneficio de los trabajadores, de las empresas, en beneficio del desarrollo del país”.

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, señaló, que no ha quedado suficientemente definido ni socialmente debatido el tema de reparto de utilidades, que sea justo y equitativo, por lo que las empresas solicitaron un plazo de tiempo para realizar este proceso y solicitaron que en febrero se lleve a cabo la discusión parlamentaria.

Destacó, que es una iniciativa «para regularizar y poner orden en materia de subcontratación en nuestro país, derivado de crecientes abusos que afectan a las y los trabajadores, a la hacienda pública, a los institutos de seguridad social y también a las empresas que sí cumplen y que enfrentan una competencia desleal».

El acuerdo que se suscribió consta de 4 puntos:

Primero. ‘Las partes están de acuerdo y se comprometen a resolver el problema del abuso de la subcontratación de personal. Las empresas del país iniciarán de inmediato el proceso para regularizar sus plantillas en el marco de la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo federal’.

Número dos. ‘El esquema de reparto de utilidades, en el marco de lo planteado por la iniciativa del Ejecutivo, en la que no se podrá subcontratar personal, no ha quedado suficientemente definido ni socialmente debatido. En consecuencia, se necesita tiempo suficiente para una discusión abierta entre los sectores para definir un sistema de reparto de utilidades justo, equitativo y que evite la discrecionalidad en su pago. Se iniciará dicho proceso de consulta para ser resuelto previo a la discusión de la iniciativa’.

Número tres. ‘Ante la envergadura de la reforma y sus impactos operativos, las empresas solicitaron un plazo de tiempo para llevar a cabo este proceso. Por ello, se solicita respetuosamente al Poder Legislativo se pueda posponer al mes de febrero de 2021 la discusión parlamentaria de la iniciativa que se señalará como preferente para que, en un plazo no mayor a 30 días, pueda discutirse y, en su caso, aprobarse’.

Número cuatro. ‘Se hace un llamado a las empresas que manejan nóminas para que de inmediato dejen de desarrollar prácticas irregulares, perjudiciales para los trabajadores, como darlos de baja de manera masiva en diciembre. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit y el SAT harán un exhorto formal a estas empresas y, de encontrarse irregularidades o posible comisión de delitos, se procederá de inmediato administrativa o penalmente’.

En este acuerdo se muestra la voluntad de avanzar en la solución de este tema con la seguridad de que resolverlo será en beneficio de trabajadores, de empleadores y todos en nuestro país.

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«Hoy nos vamos a reunir de nuevo y vamos a tener en esta semana un acuerdo en un sentido y el otro«, señaló en su conferencia diaria.

López afirmó que en estos días se pondrá fin al «diferendo» entre el sector empresarial y el gobierno federal; Aseguró, que no se busca imponer nada, el objetivo es regular la figura de la subcontratación, ya que con ella «se ha abusado de los trabajadores» para no respetar sus derechos laborales.

«Se tiene que atender el problema, de eso no hay duda, porque se ha abusado de las normas actuales. No es posible que se despida a tantos trabajadores en el mes de diciembre de cada año sólo para no reconocerles sus derechos laborales, sus aguinaldos, el reparto de utilidades y otras prestaciones, eso no; y además para no pagar también cuotas en el Infonavit, en el Seguro Social, todo lo que afecta a los trabajadores», señaló.

En la Cámara de Diputados están a la espera de incorporar los acuerdos y proceder a elaborar el dictamen que se busca discutir en el Congreso de la Unión. La fecha límite para su aprobación este año es el 15 de diciembre cuando finaliza el Periodo Ordinario de Sesiones.

«Vamos a esperarnos a ver qué resulta. Falta poco tiempo para que termine el periodo ordinario de sesiones, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, pero es posible todavía que se analicen y, en su caso, se aprueben iniciativas que están pendientes, todavía hay posibilidad», concluyó.

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Esto, por las conversaciones que mantiene la administración López y representantes del sector privado por un consenso en el proyecto.

“No se va a procesar el jueves, el tema de la terciarización o la subcontratación laboral, hay una mesa de negociación con el Ejecutivo en la que también participa, de manera preliminar el Congreso”, adelantó el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks.

«El tema está en el Congreso, no en el ejecutivo, y nos han solicitado una semana más”, agregó.

Por su parte, el coordinador del PRI en San Lázaro, René Juárez Cisneros, confirmó dicha versión.

“Estoy por entrar a la reunión de la Junta de Coordinación Política, donde vamos a ver este tema; se tenía previsto que se discutiera el jueves; sin embargo, hay todavía reuniones de acercamiento, análisis, de propio dictamen, y tengo entendido que esta semana no se discutirá, será para la próxima semana”, explicó.

Juárez Cisneros indicó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) definirá este mismo martes la ruta que seguirá la iniciativa del presidente Andrés López.

Sostuvo que el aplazamiento de la discusión es lo más pertinente, con el fin de que se escuchen todas las voces y se incorporen los diversos puntos de vista para sacar adelante una ley que regule la práctica del outsourcing.

“No por madrugar, amanece más temprano, es decir, dejemos que se expresen todas las voces, dejemos que se escuchen las impresiones de las organizaciones empresariales para ver si podemos enriquecer este dictamen y sacar uno mejor”, dijo.

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La Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja, informó que se planteará a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos llevar a cabo una tercera sesión semipresencial el día jueves 3 de diciembre, para abordar como primer punto el dictamen relativo a la reforma sobre outsourcing, además de uno que legisla en materia de teletrabajo.

Los coordinadores parlamentarios plantearon revisar los dictámenes pendientes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para desahogar en esta misma sesión los que tengan mayor consenso.

El tema toral de la iniciativa para regularizar el outsourcing es que se prohíba la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.

Sólo queda permitida la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa beneficiaria de los mismos.

Las empresas o patrones que recurran a la prestación de servicios especializados con un contratista que incumpla las obligaciones con sus trabajadores, serán responsables solidarios de los trabajadores implicados.

Las empresas que presten servicios especializados requerirán autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a ser renovada cada 3 años; además, quedarán inscritas en un padrón público.

Quedan permitidas las agencias de colocación, pero éstas sólo podrán intervenir en el proceso de contratación (reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otras actividades) y en ningún caso se considerarán como patrones.

La violación a las nuevas disposiciones implicará multas de 2,000 a 50,000 veces la Unidad de Medida y Actualización; para este 2020, esos valores van de los 173,760 pesos hasta los 4 millones 344,000 pesos.

Los pagos por concepto de subcontratación de personal no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento; además, las irregularidades se procesarán como un delito de defraudación fiscal.

La reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2021, tras lo cual la STPS deberé expedir reglas y una vez publicadas éstas, las empresas prestadoras de servicios especializados tendrán 6 meses para obtener la autorización de la dependencia para ello.

• Para lograr todo lo anterior, la iniciativa contempla cambios a la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley del ISR y la Ley del IVA.

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Durante su conferencia diaria, el mandatario informó que hoy por la tarde se reunirá con el sector empresarial para analizar algunos puntos de la iniciativa que envió a la Cámara de Diputados, con el fin de regular la subcontratación de trabajadores que se ven afectados por este esquema.

“Buscaríamos la forma, incluso un llamado a los empresarios porque como en todo hay empresarios, afortunadamente es la mayoría, que trata bien a sus trabajadores, les garantiza sus prestaciones y otros actúan de manera indebida.

“Estas son empresas que se fueron creando para dar estos servicios como las factureras, fenómenos a partir de las llamadas reformas estructurales, sacar provecho, hacer actividades ilícitas”, destacó.

López comentó que se busca que no se le quiten prestaciones a los trabajadores, «porque el contratarlos por tiempo determinado implica que el trabajador no tenga ninguna seguridad en lo social«.

La iniciativa de López para regular el outsourcing, presentada el 12 de noviembre, entrará a votación este jueves en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, prevé el coordinador de la mayoritaria fracción de Partido Morena, Ignacio Mier.

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El coordinador de la mayoritaria fracción de Morena, Ignacio Mier, manifestó el respaldo de su bancada para acotar y establecer sanciones a empresas que “defrauden” fiscalmente con el outsourcing.

“Este apoyo que daremos a la iniciativa del Ejecutivo es por congruencia con los principios que representa esta ‘cuarta transformación’, con los trabajadores que ven afectados sus derechos sociales y laborales”, afirmó Mier en declaraciones a Milenio.

Según datos oficiales, 4.6 millones de personas en México se encuentran subcontratadas, pero esa cifra se elevaría hasta siete veces contando las llamadas “pagadurías”, señaló el también presidente de la Junta de Coordinación Política.

Este lunes y martes se realizarán sesiones de parlamento abierto con la presencia de organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas o el Colegio de Contadores Públicos, entre otros.

Aunque coinciden en que se deben erradicar las malas prácticas, los organismos advierten que el outsourcing con buenas prácticas fomenta el empleo y fortalece la recaudación.

“Tal como está planteada la propuesta, desalienta la creación de empleos, y pone en riesgo miles de puestos de trabajo, lo que agravaría la frágil situación económica de nuestro país, debido al escaso crecimiento y los efectos de la pandemia de covid-19”, aseveró el CCE.

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