Arturo Gil Borja
¿Sabías que en los últimos dos años se han iniciado más de 700 carpetas de investigación, como consecuencia de delitos sexuales en contra de las mujeres?
Peor aún, de estas denuncias sólo 7 de cada 100 casos tienen un seguimiento en el que se materialice la justicia, en los 93 restantes la impunidad impera.
Los delitos en este país y a raíz de la guerra fallida iniciada por Felipe Calderón, a quien algunos le nombran “valiente por haber iniciado el combate en contra del crimen organizado”, ha traído gradualmente, año tras año, mayores niveles de inseguridad en México.
Primero, Enrique Peña Nieto prometió un combate efectivo y una solución al problema, al final falló y solo fuimos testigos del incremento de las cifras negativas de los diversos delitos dolosos.
Después llegó la actual administración y bajo un discurso de que ya se está resolviendo el problema, la realidad es que se agrava y estamos aún más lejos de una solución real.
Muchos se quejan de que las mujeres tomen las calles, pinten edificios y dañen propiedad pública y privada, sin embargo, cuando desaparece una hermana, una madre, una novia, esposa o mujer a la que se le tiene un cariño especial, hasta ese momento entienden que ningún bien material es más importante que la vida e integridad física de una mujer.
Las cifras hablan por sí mismas, pero cuando escuchamos a las víctimas, es cuando empezamos a comprender la gravedad de la situación.
Hace unos días, se hizo público en un medio televisivo, el caso de dos pequeñas (6 y 4 años), que fueron objeto de violación sexual por parte de su padre, un ex magistrado del poder judicial de la Ciudad de México (Manuel Horacio C), quien, aprovechando sus influencias, ha logrado evadir la justicia.
La madre, de manera desesperada, narra los detalles de cómo sucedieron los hechos, mismos que aquí no reproducimos, pero para que te des una idea del calvario, y teniendo grabaciones telefónicas, en donde el padre pide a la hija mayor no decir nada a su madre, porque ésta “no la quiere”, la carpeta de investigación ha sido manipulada para favorecer a un servidor público.
Desde el 22 de septiembre del 2019, la hija mayor de la pareja, narró a su madre la violencia sexual de la que eran sujetas, ella y su pequeña hermana, justamente antes de entrar al colegio; al día siguiente la madre presenta la denuncia en la Fiscalía de Delitos Sexuales (carpeta CI/FDS-6/UI-FDS-6-02/19270/09-2019).
El mismo día, la menor de las dos hijas, se atreve a narrar, a su manera, la forma en que también era violentada, y a pesar de que quien desahoga la prueba pericial era mujer, en pos de ayudar al entonces magistrado, redacta de tal manera el documento, que lo convierte en una prueba “inservible”.
Elementos de la policía de investigación y el propio agente del ministerio público, so pretexto de carga de trabajo, fueron ralentizando las investigaciones, pero gracias al apoyo de organizaciones no gubernamentales, logran que, apenas hace unos días (febrero del 2021), 70 diputados de la Ciudad de México, firmen un documento, en donde piden a la fiscalía, “atiendan” el caso.
Cuando somos testigos de estos casos y las mujeres, con todo el derecho salen a las calles, a hacerse visibles, ante el desinterés social, que pretende ignorar la cruda realidad, pensando que con eso “no pasa nada”, es curioso ver a gente que se molesta y prefiere acusar a las manifestantes, antes de exigir, se ataque la impunidad.
Un México, en el que todos somos responsables, un país en el que todos somos parte de las soluciones… Una nación alejada de la justicia, pero muy cerca de la política.
Hasta la próxima.
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