Dra. Patricia Catalina Medina Pérez
Profesora investigadora
Las políticas ambientales desempeñan un papel esencial en la protección de los ecosistemas, ya que establecen medidas y estrategias para mitigar los impactos negativos de actividades humanas como la deforestación, la urbanización, la minería y el cambio climático en los ecosistemas; y fomentan el uso sostenible de los recursos naturales.
México es considerado quinto entre los 12 países megadiversos del mundo, de acuerdo con CONABIO (2023). Nuestro país alberga 23,424 plantas vasculares, 564 mamíferos; entre 1,123 y 1,150 aves; 864 reptiles y 376 anfibios, además de hongos, microorganismos y diversidad genética, de las cuales una cuarta parte son endémicas, lo que significa que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Sin embargo, su biodiversidad está siendo amenazada por múltiples factores, entre los que destacan la deforestación, la pérdida de hábitats naturales, la contaminación y el cambio climático.
La deforestación es uno de los principales problemas que enfrenta México en términos de conservación de ecosistemas. Según la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), se ha registrado una tasa anual de deforestación promedio de 208 mil 850 hectáreas por año durante el periodo 2001-2021, lo cual representa el 0.31% de la superficie forestal arbolada a nivel nacional (66.65 millones de hectáreas). Lo anterior tiene impactos negativos en una gran cantidad de especies que dependen de estos ecosistemas para su supervivencia (CONAFOR, 2022). Este proceso, en gran parte impulsado por la expansión de la agricultura, la tala ilegal y los cambios en el uso de suelo, ha comprometido la capacidad de los ecosistemas para brindar servicios ambientales clave como la regulación del ciclo hidrológico y la absorción de carbono.
La evolución de las políticas ambientales en México se refleja en un mayor entendimiento de la importancia de la conservación y la sostenibilidad tomando como contexto el internacional. Después de una década de transformaciones en el campo normativo e institucional, se promulga la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 1988 (LGEEPA), inspirada en el Informe Brundland; en la que se establecen finalmente los principios básicos de la gestión ambiental en el país. En dicha Ley se propone la integración de actores como las instituciones y la participación social como forma de gestión, aplicación de la ley, la aplicación de sanciones y el establecimiento de las áreas naturales protegidas. Se genera una intensa actividad legislativa, en la que destaca la creación de leyes como la Ley General de la Vida Silvestre en 2000, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable de 2003, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos de 2003 y la Ley de Productos Orgánicos de 2006.
Dichas transformaciones también dieron paso a la creación de instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAP, luego SEMARNAT) en 1994 y 2001, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) en 1992 y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) en 2001.
Una de las principales políticas ambientales en México ha sido la creación de áreas naturales protegidas (ANP), que son territorios destinados a la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales. Según la SEMARNAT (2023), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra actualmente 181 áreas naturales de carácter federal que representan 90,638,620.88 hectáreas. Estas áreas han sido fundamentales para la preservación de ecosistemas clave, como las selvas tropicales, los bosques templados y los arrecifes de coral, y han permitido la recuperación de algunas especies en peligro de extinción, como el jaguar y el lobo gris mexicano.
Además de las ANP, el gobierno mexicano ha implementado otros programas y estrategias dirigidos a la conservación de los ecosistemas, como el Programa Nacional de Reforestación en 1993, el Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en 2006 y la Estrategia Nacional sobre Cambio Climático (ENCC) en 2013. Estos programas están diseñados para restaurar ecosistemas degradados, promover el manejo sostenible de los recursos naturales y mitigar los efectos del cambio climático, que es una de las mayores amenazas para la biodiversidad en el país.
A pesar de que su marco jurídico e institucional se encuentra al nivel de los países desarrollados, México enfrenta importantes desafíos en la conservación de sus ecosistemas. Uno de ellos es la falta de vinculación entre el marco jurídico y el institucional, lo que decanta en una incapacidad para tomar acciones concretas y hacer cumplir la legislación existente. Otro desafío es la falta de financiamiento para la implementación de las políticas y programas de conservación. Las áreas naturales protegidas y los proyectos de restauración ecológica dependen de recursos limitados, lo que dificulta su gestión y mantenimiento a largo plazo. Otro desafío importante es la presión de las actividades económicas sobre los ecosistemas. La expansión de la agricultura, la ganadería y la minería continúa siendo una amenaza significativa para los ecosistemas, especialmente en regiones como la Selva Lacandona y la Península de Yucatán, donde la deforestación es un problema creciente. La tala ilegal, la caza furtiva y el tráfico de especies también son actividades que siguen afectando la biodiversidad del país.
Existen oportunidades para mejorar la conservación de los ecosistemas en México. El fortalecimiento de la cooperación entre el gobierno, las comunidades y el sector privado puede generar soluciones más efectivas y sostenibles. Es necesario mejorar la gestión y los recursos destinados a la conservación, así como abordar las amenazas derivadas de las actividades humanas; sobre todo, será esencial fortalecer las políticas de conservación y garantizar la participación activa de las comunidades locales en la protección de los ecosistemas. La conservación de la biodiversidad no solo es fundamental para la supervivencia de las especies, sino también para el bienestar de las generaciones futuras.
Tomado del temario de la asignatura “Políticas Públicas y Desarrollo Sustentable” de la Maestría en Desarrollo Urbano Sustentable que se imparte en El Colegio del Estado de Hidalgo.
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